de lo que pretende el régimen
[29-02-2012]
Elías Amor Bravo
Economista ULC
(www.miscelaneasdecuba.net).- Uno de los sectores más atrasados y que
presenta un mayor nivel de ineficiencia en la economía castrista es el
comercio. Tras el triunfo de la denominada "revolución", los máximos
dirigentes del sistema identificaron a los honrados profesionales del
comercio, a los que se dedicaban a la actividad intermediaria y
mercantil, como enemigos y usureros a los que había que suprimir de la
escena económica.
Muchos vieron sus comercios y negocios confiscados sin compensación
alguna. Muchos quedaron sin propiedades, ni ahorros, ni capacidad
económica tras muchos años de sacrificio, trabajo y ahorro. La demagogia
radical y oportunista del régimen instauró una libreta de racionamiento,
bajo una interpretación malévola del concepto de equidad, y nadie
protestó. A resultas de aquella extraordinaria reforma, la circulación
comercial en Cuba desapareció, y la otrora abundante y surtida oferta de
los comercios en la isla, pasó a ocupar esa imagen de depauperación y
pobreza que las fotografías trasladan todos los días.
El raulismo ha lanzado para su supervivencia la estrategia denominada
"Lineamientos" que busca en el ámbito del comercio, un proceso de
reordenación de las empresas estatales a fin de alcanzar una mejor
gestión y control de sus recursos, una mayor precisión en la
contratación y un incremento en la gestión comercial. En el diario
oficial del régimen, Granma, se menciona de forma expresa el caso de la
Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía de La Habana, al parecer
inmersa en este proceso de cambios.
La importancia de este proceso es muy significativa. No conviene olvidar
que La Habana concentra el 25 % del total del comercio del país.
Cabe preguntarse qué cambios son los que se están produciendo y qué
efectos cabe esperar de los mismos. En esencia, estamos hablando de
pequeños retoques estéticos en la deteriorada oferta comercial del
régimen que no van a resolver los problemas de fondo. Básicamente "los
programas iniciados el pasado año con la venta de materiales de la
construcción, la venta de insumos agrícolas, de productos de aseo y de
renglones alimentarios liberados de la canasta básica". Pretender
mejorar la situación de poder de compra de los cubanos con estas
acciones descoordinadas y poco efectivas, es querer y no poder.
Las autoridades del régimen carecen de la visión global e integral que
posee una economía cuando todos los mercados se ponen en relación unos
con otros a través del efecto combinado de la información procedente de
precios y salarios, rentas y gustos y preferencias. Dicho en otras
palabras, de nada sirve practicar pequeños y tímidos ajustes en
determinados renglones de la actividad económica, si todavía existe un
elevado porcentaje en manos de la ineficiente maquinaria estatal que se
guía por otro tipo de decisiones políticas. Solo una amplia
participación de la iniciativa privada en la economía podrá superar el
atraso existente y dar a los cubanos libertad y capacidad de elección.
Liberalización, privatizaciones y apuesta decisiva por la economía de
mercado, con la conveniente regulación administrativa, es lo que debe
hacerse y además cuanto antes.
En el mismo artículo de Granma se alude a la necesidad de "garantizar el
desarrollo y fortalecimiento de los nuevos modelos de gestión". Suena
extraño. El comercio en Cuba antes de 1959 estaba a la altura de los más
avanzados del mundo. Fórmulas explotadas con éxito en la Isla,
trasladadas tras las confiscaciones castristas al exterior, dieron
resultados espectaculares en países como España, donde El Corte Inglés
es digno heredero de aquella época. Los grandes almacenes de La Habana
estaban al alcance del gran público y la sociedad de consumo se había
desarrollado en la Isla a unos niveles difíciles de encontrar en España
o Italia en aquellas fechas.
Volver a aquella situación a partir del drama económico del castrismo es
ciertamente difícil porque el régimen se resiste a aplicar las recetas
necesarias para que los cubanos puedan elegir nuevamente bienes y
servicios en condiciones de calidad y variedad.
Cuando las autoridades declaran que "a los proveedores, en el otro
extremo, también deba subírseles la parada" no hacen más que confirmar
una vez más el absoluto desconocimiento de las reglas de funcionamiento
de una economía moderna.
A nadie más que al fabricante de un producto le interesa que su
actividad se encuentre sometida a un marco estable y previsible
contractual y de confianza. El rigor en la contratación se consigue
cuando los acuerdos entre fabricantes y distribuidores son mutuamente
benéficos. La participación y o presencia del Estado en este ámbito de
la relación mercantil es innecesaria. Las condiciones de entrega y de
facturación están en el origen del interés asociado a la actividad
comercial, no hace falta regulación alguna.
No deja de ser curioso que quienes acabaron con la ordenación
contractual y jurídica de la economía cubana en virtud de una ideología
estalinista de resultados dramáticos medio siglo después, se encarguen
ahora de indicar que el comercio debe respetar "el contrato como
instrumento jurídico", que "debe consolidarse, así como la relación
entre el personal administrativo, encargado de las negociaciones y
concertaciones con los proveedores, y los abogados".
La pregunta inmediata es ¿pero es que no se ha hecho siempre así?¿cómo
se ha venido gestionando la actividad comercial en el régimen
castrista?¿cuáles eran los canales del productor al consumidor?
Y qué decir del control económico, sobre el que insisten las autoridades
como elemento fundamental de las reformas. ¿Quién dejó de controlar los
recursos financieros y materiales?, ¿quién relegó a meros trámites la
mayoría de las inspecciones y auditorías, tanto internas como externas,
casi siempre utilizadas con fines malévolos?
El control económico de la actividad comercial es fundamental para su
sostenibilidad. Esto lo saben bien tanto las grandes superficies que
trabajan con "marcas blancas" como los establecimientos detallistas
altamente especializados. Y no es cierto, como pretenden las autoridades
del régimen, que el control económico mejore con "los mecanismos de
fiscalización de las operaciones económicas y comerciales que comienzan
por garantizar que esté bien confeccionada la documentación primaria de
cada unidad de base y que se le exija por ella a cada administrador".
Esa burocracia fiscalizadora y controladora puede ser un obstáculo para
que el comercio pueda evolucionar libremente, acumulando riqueza,
redistribuyendo beneficios e invirtiendo en nuevas tecnologías de
gestión para ofrecer a los clientes productos de mayor calidad y
diversidad.
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=35283
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