Cuba y las respuestas ante el shock venezolano

Cuba y las respuestas ante el shock venezolano
Este es un artículo de opinión de Pável Vidal, economista cubano y
profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia.
Por Pável Vidal

CALI, Colombia, 8 ago 2016 (IPS) - Finalmente se confirmaron las
predicciones. En la sesión de la Asamblea Nacional, en el mes de julio,
el gobierno cubano anunciaba que este año 2016 ocurriría una contracción
de los suministros de combustible pactados con Venezuela.

El impacto que enfrentará la economía cubana a partir de 2016 será
agudo, dilatado y, en cualquier escenario, parece que llevaría al país a
una recesión.

La magnitud y duración en el tiempo dependerá de cómo siga evolucionando
la situación económica y política en Venezuela y de la capacidad de ese
país de sostener, al menos parcialmente, los acuerdos con Cuba. Pero
también dependerá de la respuesta de política económica que diseñen las
autoridades cubanas para amortiguar el shock y salir de la eventual
recesión.

Las reformas estructurales del gobierno de Raúl Castro han sido lentas y
todavía no ofrecen los resultados esperados, pero en lo que respecta al
ajuste de gastos y al control de los equilibrios macroeconómicos y
financieros, las decisiones han sido más drásticas y los resultados son
visibles.
En principio, el impacto no será de la misma magnitud que el
experimentado a partir de 1991. Por el momento, el país no se dirige a
un nuevo Período Especial, crisis iniciada a principios de la pasada
década del noventa, cuando el producto interno bruto (PIB) cayó 35 por
ciento.

La economía cubana, ciertamente, está más diversificada; pero, así y
todo, las zonas de vulnerabilidad son amplias, tanto a escala
macroeconómica como para las familias más dependientes de los ya
deprimidos salarios estatales y pensiones.

El shock de la balanza de pagos

Dado que el país dejará de recibir una proporción de su petróleo con los
precios y condiciones financieras favorables pactadas con Venezuela, se
intentará, en primera instancia, reducir el consumo de combustible.

El exministro de Economía Marino Murillo explicaba, en la sesión de la
Asamblea Nacional de julio, que tal recorte a las empresas e
instituciones estatales sería en promedio de 28 por ciento.

Los sectores que garantizan exportaciones (por ejemplo, el turismo y el
níquel) y otras actividades clave tendrían garantizada la totalidad de
la cuota de energía planificada, pero otros sectores recibirán recortes
de hasta 50 por ciento.

El objetivo del gobierno es no afectar el sector residencial y evitar a
toda costa los apagones a la población. Murillo también explicaba que es
prioridad sostener el abastecimiento en los mercados de consumos y los
servicios vitales a la población.

Sin embargo, es muy poco probable que el país pueda sostener de manera
indefinida este recorte, por lo que en algún momento deberá salir al
mercado internacional a comprar petróleo a precios más altos y en
condiciones financieras más exigentes.

La reducción de los despachos de petróleo desde Venezuela obligará,
probablemente, a seguir comprimiendo las operaciones de la refinería de
Cienfuegos. Esta es una actividad que le venía reportando al país
importantes ingresos por exportaciones.

Las exportaciones cubanas también se afectarán por la reducción de
ingresos desde los servicios médicos cubanos en Venezuela, dado que
existe un mecanismo de indexación con los envíos de petróleo.

Las exportaciones cubanas se han visto perjudicadas, además, por los
menores precios del níquel, el azúcar y las afectaciones climáticas
sobre la agricultura cañera. Sumando todos los factores anteriores se
podría esperar una contracción de las exportaciones en 2016 de alrededor
del 23 por ciento, medidas a precios corrientes.

Se esperaría una disminución de las exportaciones corrientes mayor que
de las importaciones corrientes, en parte porque los términos de
intercambio se deterioran con la reducción de los vínculos con Venezuela.

Todo lo anterior describe un complicado shock sobre la balanza de pagos
cubana.

En los últimos años, el balance de bienes y servicios en la balanza de
pagos cubana ha sido positivo; en 2012 llegó a representar 5,2 por
ciento del PIB.

Este excedente le ha permitido al país pagar sus compromisos de deuda
externa y las obligaciones con los inversionistas extranjeros. Pero,
obviamente, un cambio de signo en este balance pondrá en riesgo los
pagos a los acreedores e inversores extranjeros.

Existe alguna probabilidad de que ocurra una situación de "corralito
financiero" e impagos, similar a la acontecida en 2008 y 2009. Todo
depende de la repuesta de política económica que empleen las autoridades
cubanas.

El turismo, en algún grado, será una tabla de salvación. Con un
crecimiento de dos dígitos en el arribo de visitantes, compensará
parcialmente el déficit de divisas, ayudará a sostener la demanda en los
servicios de los negocios privados y a paliar la difícil situación por
la que atravesarán las familias. Al igual que en la pasada década del
noventa, será uno de los motores que ayudarán a salir de la crisis.

La inversión, la agricultura, la industria y el consumo de las familias
caerán, inevitablemente, sobre todo en 2017. En 2016 las empresas
cubanas y la asignación centralizada de recursos podrán amortiguar
el shock con los inventarios de insumos y bienes finales, con las
reservas disponibles y con el aplazamiento de pagos a los proveedores.
Sin embargo, en 2017 el ajuste tendrá que ser mucho mayor.

Ajuste de gastos y topes de precios no son la única respuesta posible

Hasta el momento, la orientación de la política económica parece ser
recortar gastos, ajustar el plan de suministros de combustibles y topar
precios. Ninguna referencia se ha hecho aún sobre la necesidad de
acelerar y profundizar los cambios estructurales.

La crisis en Venezuela no parece tener una solución a corto plazo, por
tanto, se esperaría que en algún momento las autoridades cubanas tomen
conciencia de la necesidad de enfrentar la crisis no solo con un ajuste
procíclico de los gastos, lo que en última instancia empeora la caída
del PIB; sino que promuevan políticas de liberalización de los mercados,
una mayor apertura externa y redirijan el país hacia una nueva forma de
inserción en la economía internacional alternativa a Venezuela.

Las opciones para amortiguar el impacto con cambios estructurales son
varias. Pero hay algunas que destacarían como las menos complicadas de
implementar y con potencial de mayor impacto en menores plazos:

– Darle luz verde a los proyectos de inversión extranjera que están en
proceso de aprobación, en particular en el sector turístico y la Zona de
Desarrollo Especial Mariel.

– Priorizar a las empresas turísticas en la asignación centralizada de
las divisas dado que es hoy día el sector exportador de mayor dinamismo.
Completar todos los cambios estructurales que se requieren para
multiplicar los encadenamientos de este sector con la agricultura, la
industria ligera nacional y el sector privado y cooperativo.

– Expandir el espacio a la pequeña y mediana empresa privada y las
cooperativas. Para ello se deben crear nuevas licencias para todo tipo
de actividades privadas y cooperativas vinculadas al turismo, los
servicios informáticos y producción de software, la industria ligera y
los servicios profesionales como abogados, contadores, publicistas,
entre otros.

– Eliminar el monopolio estatal sobre el comercio externo. Se deben
eliminar las restricciones para el acceso a insumos y bienes de capital
físico para los agricultores, las empresas privadas y las cooperativas.

Por su parte, los topes de precios que se han aplicado, desconociendo la
situación de los costos y sin ser conciliados con el sector privado,
provocarán más desabastecimiento en los mercados de bienes y servicios y
generarán desconfianza en las reformas. La prensa estatal debe dejar de
alimentar la hipótesis de que el sector privado está lleno de
especuladores que manipulan los precios. Los precios han subido debido a
la coyuntura económica.

El incremento de precios tiene como cara positiva, que funciona como un
mecanismo que incentiva la producción y la oferta de servicios; de esta
manera garantiza que no haya desabastecimiento y que los precios
regresen a sus niveles anteriores cuando cambie la coyuntura económica.

No obstante, si se calcula que el costo político y social de la
inflación en estos momentos es demasiado alto, al menos debería
conciliarse la política con el sector privado y buscarse una solución
intermedia que permita el funcionamiento del sector privado con la menor
inflación

La estructura de la economía cubana ha cambiado. Ello obliga a cambiar
los instrumentos de la política económica y a promover la coordinación
entre los diferentes actores económicos: sector privado, los
trabajadores y el Estado.

No puede pretenderse el manejo del sector privado con los mismos
instrumentos y controles que se han aplicado para las empresas
estatales. La opción no es dejar los precios fijos, ignorando la nueva
realidad económica, y a la fuerza buscar que se cumplan. Se requiere de
un diálogo con el sector privado.

Hacia una política cambiaria activa

En el ámbito de la política cambiaria, una acción que estaría a la mano
del gobierno sería la devaluación de las monedas nacionales en relación
con el dólar. En particular, ayudaría a la competitividad del turismo la
devaluación del peso convertible (CUC) respecto al dólar estadounidense.

La devaluación del CUC abarataría el destino Cuba y lo haría más
atractivo en términos de precio, en relación con otros mercados en la
región. Ello ayudaría a sostener las tasas de expansión de dos dígitos
de los últimos trimestres.

La tasa de cambio oficial del peso convertible es de 1:1 en relación con
el dólar estadounidense (además se aplica un impuesto de 10 por ciento
cuando las personas naturales venden dólares en efectivo). Si se devalúa
el peso convertible en 30 por ciento, por ejemplo, ello implicaría
establecer una tasa de 1,30 CUC por un dólar. Podría aplicarse al mismo
tiempo la devaluación de la tasa de cambio oficial del peso cubano,
quedando en 1,30 CUP por un dólar.

La relación entre el CUC y el CUP con respecto al resto de las divisas
internacionales seguiría dependiendo, como hasta ahora, de la tasa de
cambio del dólar en los mercados internacionales. Hasta que el gobierno
de Estados Unidos no pruebe que se han eliminado las restricciones a
Cuba por el uso del dólar, no habría razón para eliminar el impuesto de
10 por ciento.

Con la devaluación, todos los exportadores en general tendrían un
incentivo adicional, al poder recibir más CUC y pesos cubanos por cada
dólar exportado. De esta manera podría producirse un incremento de
salarios a los trabajadores en las empresas que más contribuyan al
ingreso de divisas al país.

Los importadores, en cambio, tendrían menor capacidad de compra en
dólares, lo que ayudaría al ajuste de la balanza de pagos.

Ciertamente, la devaluación en el corto plazo tiene un efecto negativo
sobre los inversionistas y proveedores con cuentas e ingresos en CUC,
pero debe valorarse como una acción que facilita un ajuste más ordenado
en la balanza de pagos y que ayudaría a evitar un "corralito financiero"
en los bancos cubanos.

Es preferible una respuesta de política que lleve a un cambio
generalizado de los precios relativos y a un ajuste de los valores
reales de activos y pasivos, que tener que llegar a congelar depósitos
bancarios, afectar la credibilidad de los bancos y recrudecer el control
de cambio y la asignación discrecional y arbitraria de las divisas
disponibles.

La devaluación presionaría a una mayor inflación. Pero el efecto
inflacionario sobre los precios finales podría absorberse con la
reducción de los altos márgenes comerciales con que trabajan las cadenas
estatales minoristas que comercializan en CUC.

Por tanto, la devaluación del CUC no afectaría a la población, más allá
de algún incremento puntual y moderado de la inflación que pudiera
acontecer en los mercados informales. Devaluar el CUC afectaría muy poco
el poder adquisitivo de la moneda dentro del país, solo se notaría la
reducción del valor del CUC cuando las personas decidan comprar dólares.

Hay ciudadanos extranjeros y cubanos que viven en el exterior y han
invertido en paladares, en el alquiler de casas particulares, entre
otras variantes. Su interés es cambiar sus ingresos a dólares u otras
divisas y podrían verse, en un momento inicial, como perdedores de la
devaluación.

Sin embargo, deben interpretar de manera integral la medida y considerar
que todos ganan si el país no se queda estancado en una crisis económica
y si la devaluación mejora la competitividad del mercado cubano y
aumenta el atractivo para que se sostenga la tendencia actual en la
llegada de turistas.

Junto a la devaluación del CUC, el Banco Central de Cuba estaría
aprovechando, además, la coyuntura para devaluar la tasa de cambio
oficial del peso cubano, lo cual tributaría al mismo tiempo al objetivo
de unificación de las monedas. Tal vez este no sea el mejor año para
aplicar todo el paquete de medidas que desplegaría el comienzo de la
reforma monetaria, pero sí parece ser un momento idóneo para aplicar la
necesaria devaluación de la tasa de cambio oficial del peso cubano.

Aprendiendo del pasado, debemos recordar que en 2008 y 2009 el país
vivió una crisis de balanza de pagos y la tasa de cambio del CUC se
mantuvo inmóvil. Las causas de aquella crisis de balanza de pagos se
encontraban en el incremento del precio internacional de los alimentos
importados, en el exceso de gastos y de endeudamientos en los años
previos, y en una desdolarización que llevó a una emisión desmedida de
pesos convertibles.

Es muy probable que, si en 2008 y 2009 el Banco Central hubiese
devaluado la tasa de cambio del CUC, la crisis de balanza de pagos no
hubiese terminado, como fue el caso, en un corralito financiero a los
depósitos bancarios de las empresas nacionales y extranjeras en los
bancos cubanos.

La no devaluación del CUC derivó, asimismo, en la pérdida de
credibilidad y calidad de dicha moneda, debieron establecerse los
llamados "certificados de liquidez" que desde entonces limitan su
convertibilidad y entorpecen aún más la fluidez en las operaciones de
comercio exterior.

Cuando se desdolarizó la economía, en 2004 y 2005, el discurso y los
medios oficiales repetían con orgullo que Cuba había recuperado la
soberanía monetaria, que ya contábamos con la autonomía para manejar
nuestra política monetaria y cambiaria. Pues bien, es el momento de
hacer uso de esa soberanía de manera inteligente y audaz. En un mundo
globalizado, los países que cuentan con una moneda propia tienen una
mayor flexibilidad, con la tasa de cambio, para adaptarse a las
condiciones cambiantes del entorno internacional y para enfrentar shocks
externos. Estamos dentro de ese grupo.

La experiencia reciente en América Latina, tras el shock asociado a la
caída del precio del petróleo y otros 'commodities', evidencia que los
países con tasas de cambio flexibles y que han podido devaluar sus
monedas, han logrado enfrentar la situación de una manera mucho menos
traumática que las economías dolarizadas, con tasas de cambio fijas y
con controles de cambio. Debemos aprender de estas experiencias.

Las reformas estructurales del gobierno de Raúl Castro han sido lentas y
todavía no ofrecen los resultados esperados, pero en lo que respecta al
ajuste de gastos y al control de los equilibrios macroeconómicos y
financieros, las decisiones han sido más drásticas y los resultados son
visibles.

Desde 2009 hasta la fecha, la política económica disminuyó las tasas de
crecimiento de la oferta monetaria, controló los gastos fiscales y
ajustó las importaciones. Ello permitió recuperar los equilibrios
macroeconómicos, superar la crisis financiera nacional y restablecer
gradualmente los pagos bancarios.

La credibilidad financiera se fue rescatando poco a poco, cuestión que
facilitó las renegociaciones de la deuda externa que ha llevado adelante
el país con los acreedores más importantes, incluyendo al Club de París.

Para conservar lo que se ha ganado en credibilidad financiera, de lo que
se trata hoy día es de no confiarnos pensando que los acuerdos con
Venezuela volverán a la normalidad, sino de estar preparados para el
peor escenario y, sin mayor demora, diseñar e implementar respuestas de
política económica que combinen ajuste de gastos, cambios estructurales
inmediatos, coordinación con el sector privado, y una política cambiaria
activa.

Revisado por Estrella Gutiérrez

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