Derecho y brisa

Derecho y brisa
Lunes, Agosto 27, 2012 | Por René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba, agosto, www.cubanet.org –La semana pasada, los medios
oficialistas cubanos informaron sobre el juicio celebrado en Holguín a
antiguos dirigentes y altos funcionarios del Ministerio de la Industria
Básica y la Empresa Cubaníquel involucrados en malos manejos
relacionados con el proceso de inversiones en la Planta Pedro Sotto
Alba, de Moa.

Fue así que recibimos una información oficial sobre este nuevo escándalo
del régimen. El periodiquito Granma y los noticieros nacionales de radio
y televisión habían guardado silencio hasta ahora sobre la ola de
arrestos realizados meses atrás en la región niquelífera. Si nos
enteramos del encarcelamiento de esos personajes fue sólo gracias a la
aguerrida prensa independiente cubana, que informa lo que la oficialista
no se atreve a hacer mientras no recibe órdenes.

Salvo en lo referente a los nombres, la nota informativa parece copiada
de otras anteriores, consagradas a otros escándalos de corrupción
suscitados en el país. Esto indica, o bien torpeza y falta de
imaginación en los burócratas del Departamento Ideológico del Comité
Central partidista encargados de redactarla, o bien el deseo del régimen
de alertar sobre lo sucedido, pero sin brindar datos concretos a la
ciudadanía.

Hay una pretenciosa alusión al "amplio material probatorio" que, según
la nota, hubo en el juicio (curiosamente, el material probatorio, aunque
nunca se da a conocer, siempre es "amplio"); pero el hecho cierto es que
lo informado al público ha sido algo bien estrecho. En concreto, ¿cuáles
fueron los hechos? ¿Por qué fueron juzgados funcionarios con nivel de
viceministros, pero no el encargado de la cartera de la Industria
Básica? La nota oficial no ofrece una respuesta.

Algunos corresponsales extranjeros acreditados en Cuba han esbozado
posibles explicaciones sobre lo acontecido, pero en puridad se trata de
simples especulaciones. Como no hubo acceso al expediente del caso ni al
acto del juicio oral, no se cuenta con elementos para brindar una
información más completa acerca de los hechos justiciables.

Radica ahí una de las grandes debilidades inherentes al sistema. Si los
interesados en el tema hubiesen contado con una cobertura integral, tal
vez todos entenderíamos ahora por qué motivos la persecución judicial no
alcanzó en este caso el nivel de ministro. Quizás lo mismo es válido
para otros affaires recientes, como el del Instituto de Aeronáutica
Civil o el del exterminio de veintenas de pacientes en el Hospital
Psiquiátrico.

El secretismo inherente al sistema de corte estalinista no sólo impide
que los ciudadanos puedan hacerse una idea clara de lo acaecido, sino
que también propicia que estos actos de corrupción en gran escala
proliferen durante un tiempo considerable, con absoluta impunidad para
sus presuntos responsables.

En los países libres, los corruptos saben que la prensa, fiel a su
verdadero papel, no elude hacer reportajes investigativos que
desenmascaren sus malos manejos (como todos sabemos, en Estados Unidos
llegó a provocar la renuncia de un presidente). En Cuba no; aquí, para
los impuros, el único peligro proviene de los mismos organismos del
inepto estado, que unas veces —como sucedió ahora— reprimen a una banda
de malversadores y traficantes de influencias, pero otras prefieren o
deciden no hacerlo.

Porque en los regímenes de este tipo no sólo el estado suele tener el
monopolio de la función acusadora, sino que el órgano encargado de esa
tarea —la Fiscalía— suele responder a criterios políticos más que
técnico-jurídicos. En este contexto, las indicaciones de quienes
ostentan el poder constituyen el elemento determinante para saber si se
procede o no, hasta qué punto y contra quiénes.

A lo anterior debe sumarse la existencia de tribunales que carecen de
independencia. Esto último no es sólo una valoración de la realidad,
sino que obedece a un precepto constitucional, el cual establece que el
Partido Comunista es "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del
Estado". Esto sirve a los jueces como pretexto —si es que alguno
necesitan— para obedecer las indicaciones emanadas de quienes mandan.

La nota informativa reconoce que queda abierta la puerta para que los
considerables castigos repartidos por la corte holguinera sean reducidos
—o aumentados— por el Tribunal Supremo. No en balde se recuerda que la
sentencia puede ser recurrida no sólo por los acusados, sino también por
la Fiscalía. Pero lo más probable es que no haya cambio alguno a este
respecto. Veremos, en este caso, hacia dónde sopla el viento.

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