Ocupantes ilegales

"Ocupantes ilegales"
Instituciones estatales vendieron inmuebles que aún tenían propietarios
legítimos
Jueves, marzo 30, 2017 | Augusto César San Martín y Rudy Cabrera

LA HABANA, Cuba.- Las familias de Yasel Sánchez Blanco y Olga Noguera
Fernández pasaron de víctimas de la corrupción estatal a culpables, como
ocupantes ilegales" de sus viviendas. A Yasel el Gobierno de Centro
Habana y la Dirección (municipal y provincial) de la Vivienda lo
indemnizaron con un apartamento, propiedad de Bárbara Díaz Pacheco. A
Olga le vendieron la propiedad de Yasel.
Desde el 2013, Yasel y su esposa Kenia Kessel advirtieron a las
autoridades locales del riesgo que corrían sus vidas. El peligro de
derrumbe del edificio colindante amenazaba con aplastar su propiedad en
Belascoaín 209, Centro Habana.

En marzo del 2014 el matrimonio y sus dos hijos salvaron sus vidas por
un milagro. Pasada la medianoche se desplomaron las paredes que habían
despertado la alarma. Durante un año exigieron la debida indemnización a
las instituciones gubernamentales responsables de su perdida, negándose
al traslado hacia el albergue de tránsito propuesto por las autoridades.

Después de llegar hasta la protesta pública frente al Consejo de Estado,
en marzo del 2015, el Gobierno de Centro Habana le comunicó a la pareja
que la sección de control de fondos habitacionales les otorgaría un
apartamento ubicado en Clavel No. 42, Centro Habana.

La "benevolente" entrega se realizó en presencia del vecindario,
dirigida por la presidenta de Gobierno, la subdirectora de Construcción,
la jefatura de la Vivienda Provincial y la policía. El elenco
gubernamental formaba parte de la Comisión de Distribución Provincial
(CDP) autorizada a entregar viviendas.

Lo que parecía un caso "revolucionariamente cerrado", fue el principio
de un entramado de corrupción que advierte desfavorables soluciones para
las víctimas.

La ilegalidad de los documentos oficiales

Consta en un documento oficial de la Dirección Provincial de la Vivienda
(DPV), por el Acuerdo 3292 de la CDP, que la pareja fue indemnizada con
el inmueble de Clavel, cerrado durante unos 7 años por el fallecimiento
del dueño.

La entrega de la vivienda inhabitable y la seguridad ofrecida por los
funcionarios sobre su legalización, generaron confianza en los
afectados, quienes comenzaron las reparaciones necesarias para hacer
habitable la propiedad.

Las dudas comenzaron cuando, al pasar los meses, la legalización de la
vivienda restituida no avanzaba, a pesar que los beneficiados entregaron
al Departamento de Control del Fondos la propiedad del inmueble destruido.

El punto final a la esperanza lo agregó la Fiscalía Municipal con una
citación que culminó en el cuestionamiento de la legalidad de su
vivienda. Hasta el día de hoy a las víctimas les cuesta aceptar que
nunca sucederá.

El gobierno municipal y la DPV pasaron por alto que Bárbara Díaz Pacheco
informó con tiempo, a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), que
sostenía una demanda civil como legitima heredera de la propiedad
entregada por la CDP. El fallo del Tribunal a favor de Díaz Pacheco
convirtió a Yasel y su familia en ocupantes ilegales en la vivienda
"legalmente" otorgada.

En entrevista de la pareja con la actual directora municipal de la
vivienda, esta les informó que estaban "desamparados legalmente". En la
misma sintonía la asesora jurídica de la DPV les comunicó que "en el
proceso de entrega (de la vivienda) hay errores", los mismos que forman
parte de su argumento para derogar toda la "documentación oficial"
emitida hasta el presente.

¿Entrega o venta ilegal?

Cuando Olga Noguera conoció que la propiedad destruida de Yasel había
quedado libre, le consultó si tenía interés en ella. Ante la negativa
del propietario, gestionó en la DMV el espacio baldío que aún esta
peligrosamente amenazado por los restos del edificio desplomado. La
aprobación de la entrega (o venta) solucionó en apariencias la vida de
Olga, quien vendió su casa en Matanzas y pagó 1 000 dólares por el
derrumbe, en la DMV.

Al igual que Yasel, Olga se consideró bendecida por la suerte. Las
autoridades le entregaron, pública y oficialmente, los papeles que la
acreditaban como propietaria de una vivienda. La documentación en regla
le permitió realizar todos los trámites legales de servicios eléctricos,
agua, gas y reconstrucción de lo que sería su casa.

Dos años después Olga culminó el techo de la mitad del inmueble. Con su
esfuerzo destruyó los restos de concreto del edificio que provoco el
derrumbe, que se mantenían apoyados en la pared de la casa. Acción de
escombreo que la expresidenta de gobierno, Susana Acea, prometió
culminar en el 2015.

La cadena se rompe por el eslabón del pueblo

Fue la heredera Bárbara Díaz quien abrió la caja de Pandora mediante una
demanda en la Fiscalía Municipal, exigiendo que se ejecutara la
sentencia del tribunal sobre la restitución de su propiedad.

Con el río sonando aparecieron las piedras que ahora pesan sobre las
víctimas. Como una mafia bien organizada, dos funcionarios de la DMV
rescataron, mediante el engaño, el documento de propiedad entregado a Olga.

"Me mostraron su identificación de la vivienda, un señor corpulento,
canoso, que me dijo que era jurídico, y otro que es inspector (…) Cómo
iba a saber yo que era para desaparecerla", declaró a CubaNet la víctima.

Pero los funcionarios dejaron huellas de lo que Olga cataloga como
estafa: el documento del 2015 emitido por el Consejo de Administración
de Centro Habana y la DMV, firmado por la directora y la jefa jurídica
de la institución. En el borroso papel se confirma la aprobación de la
entrega a favor de Olga Noguera, solicitando que sea registrada en
Belascoaín No. 209. Lo curioso es que hace constar que el trámite se
refiere a una propietaria desde 1999.

Poco pueden hacer las dos familias para quitarse el estigma de ocupantes
ilegales. Según advirtió la jefa del departamento jurídico de la DPV, en
el caso de Yasel, existió un "error", y en el Olga no se sabe "si la
entrega es ilegal o no".

Mientras lo averiguan, Olga fue declarada oficialmente ocupante ilegal
de la vivienda de Belascoaín 209 y espera ser desalojada. Yasel tiene
dos opciones: regresar a su antigua propiedad o aceptar una vivienda en
uno de los asentamientos que se construyen en la periferia de la ciudad
para disminuir el número de albergados.

Video:
https://youtu.be/qt0QpMsFQzA

Source: "Ocupantes ilegales" CubanetCubanet -
https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/la-corrupcion-y-sus-victimas/