Ni democracia en Cuba, ni paz en la tumba de Payá

Ni democracia en Cuba, ni paz en la tumba de Payá
En el cuarto aniversario de la muerte del disidente, su hija pide que el
pueblo cubano decida su futuro democráticamente a través de un referendo
JAVIER EL-HAGE
22 JUL 2016 - 01:41 CEST

El día de hoy se conmemora el cuarto aniversario del probable asesinato
del disidente cubano Oswaldo Payá. A pesar de las permanentes campañas
de desprestigio que sufrió en vida, Payá continúa siendo
internacionalmente reconocido como el activista por la democracia más
importante de los últimos 25 años.

En 1988, Payá fundó el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) para
promover una transición a la democracia en Cuba. Desde allí, Payá
dirigió el Proyecto Varela, una iniciativa legislativa que —a través de
la recolección masiva de más de 11.000 firmas— proponía la convocatoria
a un referendo en el que los cubanos decidieran, entre otras cosas, si
querían tener elecciones libres con un sistema plural de partidos.

El régimen de Castro descalificó el Proyecto Varela de ser un plan
imperialista financiado por la CIA. ¿El resultado? La policía "secuestró
el material subversivo y contrarrevolucionario" que incluía "45 folletos
conteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, [y] siete
cartas dirigidas a la Asamblea Nacional sobre el Proyecto Varela".

Los fiscales arrestaron a 75 personas involucradas en el proyecto y los
acusaron de "instigar a la desobediencia civil [e] instigación a la
disidencia". Los jueces después condenaron sumariamente a todos los
acusados a penas que promediaban los 25 años de cárcel.

Acto seguido, la Asamblea Nacional reformó el artículo 3 de la
Constitución y estableció que "el socialismo, […] habiendo demostrado su
capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva
y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo".

A pesar de las adversidades, Payá continuó liderando la lucha por un
cambio democrático en la isla, hasta que el 22 de julio de 2012 resultó
muerto en lo que el sistema judicial cubano calificó como un "accidente
de tránsito" ocasionado por la "imprudencia del conductor del vehículo",
el ciudadano español Ángel Carromero, quien fue acusado y condenado a 4
años de prisión por "homicidio" imprudente.

Una vez libre en España, Carromero denunció a la prensa internacional
que se vio obligado a autoinculparse en Cuba y que el accidente no fue
ningún accidente, sino el producto de un deliberado y "estruendoso
impacto trasero" a cargo un coche pilotado por agentes de la dictadura
que venía siguiéndolos desde que salieron de La Habana.

La evidencia ignorada activamente por el sistema judicial cubano sugiere
que las muertes de Payá y Cepero fueron el resultado de un hecho
automovilístico causado deliberadamente por agentes del Estado, con la
intención de asesinar a Oswaldo Payá y a los pasajeros que viajaban con
él, o con la intención de causarles graves lesiones corporales.

El juicio contra Carromero se limitó a imponer una verdad oficial de los
hechos, y que es la misma "verdad" que ya había publicado meses antes el
Granma. Los jueces negaron a la defensa de Carromero (provista por el
gobierno de Cuba) acceso al expediente del caso y le impidieron ofrecer
prueba alguna de descargo.

Irónicamente, las actuaciones de policías, abogados defensores, fiscales
y jueces que investigaron y procesaron los hechos alrededor de la muerte
de Payá, sí estuvieron de conformidad con el Código de Ética de los
abogados en Cuba que establece que estos, en el ejercicio de la
profesión, deben "ser fiel[es] a los principios que entrañan la Patria
[y] la Revolución", y que esto debe ser realizado "imbuidos de las
justas, nobles y humanas ideas del Socialismo e inspirados en el ejemplo
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz".

Por eso es que, a cuatro años de los hechos, las autoridades siguen sin
comunicar a la familia el resultado de la autopsia realizada a Payá. El
único documento que recibieron fue una tarjeta de cartón escrita a mano,
donde se describe la causa de muerte como: "lesión cuerpo nervioso"
(sic). Hasta la ropa que vestía Payá el día que falleció les fue
devuelta lavada y empaquetada, "como si la hubiesen llevado a la
tintorería".

Trece años después de aquella Primavera Negra donde el régimen castigó
con siglos de cárcel a los 75 audaces del proyecto de Payá, el mismo
régimen continúa "secuestrando material subversivo" como libretitas y
lapiceros con eslóganes pro democracia, y persiguiendo penalmente a
artistas e intelectuales bajo cargos de "desacato" por insultar con
dibujos a Fidel y Raúl Castro e "incitación al desorden público" por
organizar actividades de micrófono abierto en la Plaza de la Revolución
o por leer públicamente el libro "Orígenes del Totalitarismo" de Hannah
Arendt.

Cuatro 22 de julios después, su hija Rosa María sigue pidiendo que se
investigue la muerte de Oswaldo Payá, pero también pide que el pueblo
cubano decida su futuro democráticamente a través de un referendo.
Mientras tanto, persistente en la virtud y la temeridad de su padre,
Rosa María soporta que la dictadura la tilde en la ONU de "mercenaria y
gusana", y la amenace de muerte cada vez que llega a La Habana.

Mientras no haya democracia en Cuba, no habrá verdad ni justicia para
los casi 8.000 asesinados (y por asesinarse) en más de medio siglo de
dictadura. Y no habrá paz en la tumba de Payá.

*Javier El-Hage es director jurídico y Roberto González abogado asociado
de Human Rights Foundation, una organización de derechos humanos con
sede en Nueva York. Twitter: @JavierElHage y @RobCGonzalez

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