Se reunirá la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿y qué?

Se reunirá la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿y qué?
Domingo, Julio 22, 2012 | Por Roberto Jesús Quiñones Haces

GUANTÁNAMO, Cuba, julio, www.cubanet.org -Diferentes medios de prensa
han informado que hoy 23 de julio se reunirá la Asamblea Nacional del
Poder Popular en el Palacio de las Convenciones de La Habana para
cumplir con la agenda prevista para el IX Período Ordinario de Sesiones
de la Séptima Legislatura.

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba – que según establece el
art. 69 de la Constitución de la República es el órgano supremo de poder
del Estado-, se reúne sólo dos veces al año de forma ordinaria y
últimamente se ha establecido la práctica de que un día de reunión
plenaria basta. En realidad esa soberanía que formalmente le otorga la
Constitución a la Asamblea Nacional es ejercitada constantemente por el
Consejo de Estado, el cual, además de la función ejecutiva ejerce
también la legislativa mediante la emisión de Decretos y Decretos Leyes
que luego son sometidos a la consideración de los diputados y aprobados
de forma unánime sin el más mínimo cuestionamiento. Basta pasar la vista
a las Gacetas Oficiales de la República para verificar cuántas leyes
dicta la Asamblea y cuántos decretos y decretos leyes el Consejo de Estado.

Aunque Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional,
hizo recientes declaraciones sobre el proyecto de Ley Migratoria, éste
no va a ser objeto de análisis el día 23 de julio a pesar de que su
promulgación se había anunciado como algo inminente desde mediados del
año pasado.

Según el periódico Granma del sábado 14 de julio el único proyecto que
será sometido a la consideración de los diputados es la nueva Ley del
Sistema Tributario. En la nota de prensa se señala: "La citada
propuesta legislativa, en estudio desde hace algún tiempo por las
comisiones permanentes de Asuntos Económicos y de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos, de conjunto con el Ministerio de Finanzas
y Precios, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, y otros
organismos y órganos del Estado y del Gobierno, fue debatida ampliamente
por todos los diputados en sus respectivos territorios de elección, y
responde, como se ha venido informando, a la necesidad de sustituir la
vigente-Ley número 73 Del Sistema Tributario-aprobada el 4 de agosto de
1994, en correspondencia con los cambios introducidos en los regímenes
impositivos". Llama la atención el hecho de que siendo los trabajadores
del sector privado los sujetos principales de esa nueva ley no hayan
sido consultados acerca del contenido del proyecto, lo cual, de haberse
hecho, incorporaría al análisis los puntos de vista de la fuerza
laboral sobre la que incidirá el nuevo régimen tributario, algo positivo
si tenemos en cuenta que a pesar de la voluntad del gobierno de
propiciar el fortalecimiento de este sector todavía existen trabas que
entorpecen su desarrollo.

Sin negar la importancia del mencionado instrumento jurídico muchos
juristas y otros ciudadanos de nuestro país se preguntan cuándo nuestros
legisladores van a adentrarse en el análisis de normas que claman por
una actualización. No me refiero únicamente a la ya mencionada Ley
Migratoria sino a otras regulaciones que necesitan ser sustituidas o
creadas.

Por ejemplo, en el art. 63 de nuestra Constitución aparece regulado el
derecho de todo ciudadano a quejarse ante las autoridades y a recibir la
atención o respuesta pertinentes, en un plazo adecuado y conforme a la
Ley; sin embargo no existe ninguna regulación que norme el ejercicio de
ese derecho constitucional, ni los principios de actuación
administrativa, ni la responsabilidad de las autoridades que incumplan
con lo establecido en ese precepto. Todavía hay muchos dirigentes que
se abrogan la potestad de responder o no a la queja de un ciudadano y
actúan en contra de la propia Constitución del gobierno que dicen
defender. Basta con leer la columna Acuse de Recibo, del periódico
Juventud Rebelde, para percatarnos de los abusos que sufre el pueblo, de
su estado de indefensión y de la impunidad con que actúan muchos
dirigentes. He sido víctima de ello y sé muy bien lo que afirmo.

El gobierno cubano ha ratificado importantes documentos normativos del
derecho internacional como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin
embargo la inmensa mayoría de sus artículos no ha sido incorporada a
nuestra legislación. Otras ramas que claman por una renovación total
son el Derecho Laboral, el Penal, el Procesal Penal, el Procesal Civil,
Administrativo y Laboral, el Derecho Agrario, y la relativa al derecho
de autor, pero no se ha informado que se esté trabajando en algún
proyecto relacionado con ellas ni con el obsoleto y disperso sistema de
normas que regulan las contravenciones, que tan necesario se hace
actualizar para tratar de ponerle coto al alarmante crecimiento de la
indisciplina social.

En cualquier lugar del mundo los ciudadanos exigen a sus diputados que
discutan en el órgano legislativo los asuntos de su interés. En Cuba
pasa uno y otro período de sesiones y los representantes de un
municipio ni siquiera se reúnen con sus electores para conocer sus
inquietudes. La gran mayoría de ellos reside en la capital del país y no
mantiene ningún vínculo con los ciudadanos que lo eligieron. Mientras
actúen así es difícil que alguien se sienta realmente representado. La
Asamblea Nacional del Poder Popular se seguirá reuniendo, ¿y qué?

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