René Gómez Manzano
LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - En días pasados hemos
sido testigos de un intercambio de opiniones entre diversos publicistas,
sobre la inclusión de ciudadanos que han cometido actos violentos,
dentro del grupo de beneficiados con el actual proceso de
excarcelaciones de presos políticos. Unos han criticado esa medida,
mientras que otros justifican con vehemencia a los autores de tales hechos.
Al respecto, creo que hay que decir, ante todo, que ese tipo de
artificio no resulta inusual para el régimen castrista. Durante el
proceso seguido al llamado Grupo de los cuatro, mis hermanos de causa y
yo experimentamos en carne propia ese género de manipulación: Después de
aguardar durante año y medio para que se ventilara nuestro caso, pudimos
ver cómo nuestro juicio era intercalado entre los de dos
centroamericanos procesados porque, mediante pago, colocaban bombas en
centros turísticos.
El mensaje subliminal, aunque bastante burdo, resultaba claro y fácil de
captar para el cubano de a pie, que no tiene posibilidades de mantenerse
muy al tanto de los matices de las acusaciones que el régimen de La
Habana formula contra sus opositores. Como los tres juicios tuvieron
lugar con pocos días de diferencia entre uno y otro, el ciudadano común
probablemente pensó: "Esta semana juzgaron a tres grupos de terroristas".
Esto no debe causarnos extrañeza, máxime cuando hace algunos días, en
una información redactada por un periodista extranjero acreditado en
Cuba —que sí se supone que esté al tanto de los detalles de las noticias
originadas en nuestro país—, leí que la víspera habían sido liberados
tres ciudadanos sancionados por la comisión de hechos violentos.
Lo irónico del caso es que uno del trío era el abogado agramontista
pinero Rolando Jiménez Pozada, único cubano que no pertenecía al Grupo
de los 75 reconocido como preso de conciencia por la prestigiosa
organización Amnistía Internacional. Sucedió, pues, con el fraterno
Rolandito, lo mismo que con los autores de La Patria es de todos.
Me cuento entre los que no satanizan a los que usan métodos violentos
para enfrentarse al gobierno castrista. Además, no tengo reparos en
censurar a los personeros de este último que hacen ese tipo de
imputaciones contra otros cubanos, cuando el hecho irrebatible es que
los jerarcas del régimen emplearon iguales métodos para trepar al poder,
y además, no han creado cauce legal alguno para que el pueblo pueda
removerlos del ejercicio del mismo.
Pero lo anterior no me impide guardar la distancia de esos combatientes,
y esto por el mero hecho de que los medios de lucha que ellos emplean no
son los que utilizamos mis hermanos de ideales y yo. Nosotros
recurrimos a los métodos pacíficos guiados por nuestras convicciones y
tomando en cuenta el hecho obvio de encontrarnos, por así decirlo,
metidos en la boca del lobo.
Por lo demás, creo que nadie debe ofenderse porque alguien señale que
hay diferencias entre quien fabrica una balsa para huir de la Isla y
quien, con igual propósito, intenta apoderarse de un barco o un avión,
llegando incluso a tomar como rehenes a pasajeros y tripulantes
inocentes, amenazando con pasarlos a cuchillo o lanzando granadas de
mano. Como consecuencia de las arbitrarias leyes dictadas por el régimen
castrista, lo primero se considera un delito en Cuba; mientras que de lo
otro —obviamente— no podemos decir lo mismo.
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