El régimen prepara condiciones para endurecer la Ley Mordaza
DDC
Madrid 30-07-2011 - 11:55 am.
El régimen parece prepararse para endurecer la Ley Mordaza, que sirvió
para condenar a buena parte de los 75 disidentes enviados a prisión en
la primavera de 2003, según se desprende de las discusiones previas a la
sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
De acuerdo con el diario oficial Granma, la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Asamblea analizó la reciente decisión del senador
demócrata estadounidense John Kerry de desbloquear 20 millones de
dólares destinados a programas para promover la democracia en Cuba.
La Comisión decidió enviar a la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos
la propuesta de analizar "las medidas contenidas en la Ley 88, de
Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba",
popularmente conocida como "Mordaza", para "enfrentar resueltamente este
acto (…) bajo el supremo concepto de que nada que atente contra la
soberanía nacional puede quedar impune".
Según Granma, órgano del Partido Comunista, los diputados consideraron
que los fondos servirán para "financiar a quienes sirven en el país a
una potencia extranjera".
"Un ciudadano estadounidense iría a prisión si recibe dinero del
Gobierno cubano para cualquier fin, aunque sea humanitario, así lo
estipulan las regulaciones federales de Estados Unidos. ¿Por qué admitir
entonces que naturales cubanos adquieran sumas importantes aprobadas por
el Congreso norteamericano, nada menos que para subvertir el orden
interno en Cuba?", preguntó la Comisión de Exteriores, dijo Granma.
Esta semana, Kerry, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado estadounidense, decidió levantar su veto a los fondos
destinados a programas para Cuba, después de que el Gobierno de Barack
Obama aceptara revisar su efectividad para promover los derechos humanos
y las libertades básicas.
Los fondos aún enfrentan el bloqueo del senador demócrata Patrick Leahy.
En 2003, el Gobierno cubano condenó a penas de hasta 28 años a 75
disidentes, activistas de derechos humanos, periodistas y bibliotecarios
independientes —hoy excarcelados y en su mayoría en el destierro— a los
que acusó de recibir dinero de Estados Unidos para subvertir la
revolución. Muchos de ellos fueron juzgados bajo la Ley 88.
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