El canciller cubano y el «neocolonialismo español»

El canciller cubano y el «neocolonialismo español»
Desde Marino Rajoy y su gabinete, hasta el Rey Felipe VI, pasan por alto
las violaciones de los derechos humanos en Cuba
Marlene Azor Hernández, Ciudad de México | 18/04/2017 9:06 am

El canciller cubano Bruno Rodríguez cumplió este lunes en Madrid con el
objetivo de la invitación formal al rey Felipe VI para que visite la
Isla, así como también invitar al presidente Mariano Rajoy. El Gobierno
español prepara esos desplazamientos para "lo antes posible", lo más
probable a finales de 2017 y en cualquier caso antes de que Raúl Castro
se retire en febrero de 2018, de acuerdo a la prensa española. Las
relaciones entre ambos gobiernos se han fortalecido desde los años 90 y
el Gobierno español se convierte en la puerta de entrada hacia Europa de
un gobierno violador masivo de Derechos Humanos. El PP pasa de defensor
de la "Posición Común" en 1996, a darle la espalda a los derechos
humanos en Cuba por sus intereses económicos en la Isla.
Las tímidas aperturas económicas en los años 90 del siglo pasado
contaron con la presencia en primer lugar del capital español. Empresas
españolas como Globalia y Meliá se precian de su presencia en la Isla
desde hace 20 y 25 años respectivamente.
Hoy en el registro de empresas españolas con residencia en la Isla se
contabilizan 246 empresas españolas[1]. Un poderoso lobby económico que
impulsa y protege Mariano Rajoy, el Rey y los más importantes partidos
políticos españoles.
Bajo el manto de una relación cultural e histórica cierta, España pasa
de ser un Estado colonialista a neocolonialista. Hoy es cómplice de la
violación de los derechos laborales, civiles y políticos del régimen
cubano. La izquierda, centro y derecha española cobijan a la dictadura
totalitaria cubana.
Cómplices de la explotación laboral y de las violaciones a los derechos
laborales
Saben los inversores españoles que los trabajadores cubanos no pueden
ser contratados libremente por sus empresas, sino que tienen que aceptar
los trabajadores seleccionados por las empresas empleadoras cubanas:
Representaciones Comerciales (Acorec S.A.), y Almacenes Universales S.A.
(AUSA). Esto implica una extorsión del salario en un 80 % o 96 % por
parte del Estado según sean contratados en la Zona Espacial del Mariel o
fuera de ella. Esto viola los Convenios de la OIT que Cuba ha ratificado
y España también. Ambos gobiernos, estados partes, violan en Cuba los
Convenios números 95, 87, 98 y 158 de la Organización Internacional del
Trabajo, relativos a la libertad de empleo, libertad sindical, libertad
de huelga, prohibición de toda confiscación sobre los salarios, libertad
de los contratos laborales individuales y colectivos y la obligación de
respetar el trabajo decente.
El trabajo decente según la OIT: "El trabajo decente sintetiza las
aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la
oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración
social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se
organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres".
El Estado cubano viola todos los aspectos concernientes al trabajo
decente: no permite salarios justos, la protección de seguridad social y
seguro de desempleo es paupérrima de acuerdo a los valores de la canasta
básica individual y familiar, y la libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades están gravemente
violadas al considerar a los trabajadores todos "objetos" de cambio y no
sujetos económicos, violar sus derechos y excluir a todos los que no
demuestren confiabilidad política por su adhesión al régimen político.
La administración de Mariano Rajoy y el Rey le otorgan luz verde al
Gobierno cubano para que mantenga e incremente la represión
En un extraño vaivén con relación a los Derechos Humanos en Cuba, la
actual administración soslaya el tema por intereses económicos españoles
en la Isla.
El Gobierno de España fue el propulsor de la "Posición Común" en 1996
con el presidente José María Aznar, sin embargo, la administración de
José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) hizo un viraje hacia una
política de conciliación con la dictadura cubana. El precio ha sido
colocar en último lugar la defensa de los derechos humanos en Cuba.
En una intervención en la televisión española del excanciller español
del PP, José Manuel García Margallo (2011-noviembre 2016), frente al
cuestionamiento de su posición en relación a los derechos Humanos en
Cuba, admitió los intereses económicos españoles: "España es el tercer
socio comercial de la Isla con el control del 90 % de los hoteles cinco
estrellas y el 60 % de la capacidad hotelera cubana en total".
Agregó que el reciente acuerdo firmado con la Unión Europea contempla
algunos capítulos sobre la defensa de todos los derechos humanos en
Cuba, y reafirmó que frente a la apertura de relaciones con EEUU, España
no podía quedar rezagada en el fortalecimiento de su relación con Cuba.
Inversión extranjera versus Derechos Humanos en Cuba
Ha quedado en el pasado el apoyo español de Miguel Ángel Moratinos
(2004-2010) a la liberación de los 52 presos políticos de la "Primavera
Negra", desterrados hacia España. El expediente se cerró como si Cuba
hubiera pasado a un régimen democrático. Hoy existen alrededor de 100
presos políticos según la Organización Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional que entregó una lista al entonces presidente de
EEUU, Barack Obama, en su visita de marzo de 2016 a la Habana. La
violación a los derechos civiles y políticos se ha ampliado contra toda
la sociedad civil independiente y contra los trabajadores cubanos. La
"idoneidad demostrada" del nuevo Código del Trabajo, (2013) permite a
los empleadores estatales cubanos expulsar de sus puestos de trabajo a
los trabajadores por criterios subjetivos y sin contrapartida sindical
independiente. Los inversores extranjeros y en primer lugar los
inversores españoles, frente a un déficit de respaldo jurídico cubano
contra las expropiaciones, optan por fortalecer las relaciones
intergubernamentales para no quedar afectados por las anteriores
políticas confiscatorias de inversores extranjeros como las que practicó
el Gobierno cubano contra los empresarios canadienses Cy Tokmakjian,
Sarkis Yacoubien y el empresario chileno Max Marambio.
Lamentablemente Europa, y España en primer lugar, han "olvidado" los
derechos humanos en la Isla con la intención expresa de privilegiar sus
intereses económicos en la mayor de las Antillas.

[1] Directorio de empresas españolas en Cuba en
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/DOC2014348138.html

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