Las paladares, el poder y los derechos - la ecuación insoluble

Las paladares, el poder y los derechos: la ecuación insoluble
Los emprendedores exitosos portan en sí el germen que destruye a la
autocracia, solo que ellos mismos lo desconocen... O simulan ignorarlo
MIRIAM CELAYA, La Habana | Octubre 21, 2016

Mucho se ha escrito en los últimos días sobre la suspensión
("congelación") de la entrega de nuevas licencias para la apertura de
pequeños restaurantes privados –popularmente conocidos como paladares–
en Cuba. La mayoría de los análisis hasta ahora han interpretado el
hecho como un retroceso más de las autoridades cubanas después del
inicial proceso de flexibilización económica que permitió el auge de
estos negocios particulares, los cuales generalmente ofrecen un servicio
de mayor calidad y variedad que la mayoría de los establecimientos
estatales, con la consecuente mayor aceptación entre la población y los
extranjeros que visitan la Isla.

Los críticos del restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de
EE UU y Cuba, por su parte, aprovechan la coyuntura para asegurar que
este repliegue –junto al aumento de la represión sobre la sociedad
civil, periodistas independientes, opositores y otros grupos, incluyendo
no disidentes– es otra respuesta del Palacio de la Revolución, que, a su
juicio, se siente apoyado por la Casa Blanca e impune para aplicar mano
dura y continuar violando los derechos humanos en el interior de la Isla.

Pero, con independencia del innegable rigor que está ejerciendo el
Gobierno sobre el sector de trabajadores por cuenta propia, o de las
apresuradas conclusiones de quienes siguen el principio "yumacentrista"
–término acuñado por el colega Reinaldo Escobar para definir esa
corriente de pensamiento que interpreta cada fenómeno o suceso que se
produce en Cuba como una respuesta a las disposiciones del ejecutivo
estadounidense– lo cierto es que las razias y presiones sobre los
trabajadores no estatales distan de ser una novedad. Han sido la
práctica oficial desde mucho antes de que se iniciara el proceso de
diálogo entre Washington y La Habana.

Y en esto no hay misterio alguno. Es sabido que los poderes autocráticos
se sostienen sobre la pobreza e indefensión de sus gobernados, que
dependen exclusivamente de las mínimas migajas que éste les reparte, de
manera que cada amago de avance aperturista, cada mínimo resquicio de
posibilidad de prosperar al margen del Estado constituye una amenaza
para el Gobierno y para su ideología. Los emprendedores exitosos, pues,
portan en sí el germen que destruye a la autocracia, solo que ellos
mismos lo desconocen... O simulan ignorarlo.

No obstante, si bien los tímidos avances y los bruscos retrocesos han
sido el rasgo característico de la administración del general
presidente, Raúl Castro, por esta vez se ha introducido un nuevo
componente: la intimidación, bajo la forma de citaciones a los dueños de
cafeterías y restaurantes privados para que se presenten ante una
comisión compuesta por funcionarios de los gobiernos locales y de la
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), e incluso por
agentes de la policía política.

Según ha trascendido, las autoridades han advertido a los propietarios
acerca de las violaciones que se han estado cometiendo en el sector de
trabajadores por cuenta propia dedicado a este ramo, entre las cuales se
relacionan la evasión de impuestos, la comercialización de alimentos e
insumos procedentes del mercado negro, el lavado de dinero y otras
transgresiones.

Ni más ni menos, han "descubierto" súbitamente en los negocios de
cafeterías y paladares la misma epidemia de corrupción que mina a la
sociedad en su conjunto, partiendo de la cúpula del poder y su claque.
Solo que en la cadena de podredumbre que es la realidad cubana, el
sector privado constituye el eslabón más débil.

En consecuencia, se prevé una inminente avalancha de rigurosas
inspecciones estatales sobre cafeterías y paladares a fin de fiscalizar
el cumplimiento de las obligaciones y normas aprobadas por el gobierno y
establecidas originalmente en los contratos firmados con la ONAT, así
como de otros aspectos la legalidad.

Curiosamente, todo esto se está produciendo poco después que
trascendiera el ultimátum del general presidente a los ministerios de
Economía y de Finanzas y Precios, para la implementación de la
unificación monetaria antes que termine el año 2016. No es un secreto
que algunos propietarios de paladares han logrado acumular un respetable
capital en divisas, no depositado en los bancos cubanos, además de la
existencia subterránea de mucho circulante en ambas monedas nacionales,
que escapa al control del Gobierno, lo cual –según expertos en finanzas–
es otro obstáculo para la eliminación de la doble moneda.

No parece descabellado vincular el repentino proceso de inspecciones y
auditorías a las cafeterías y restaurantes privados –sin dudas las
ocupaciones más prósperas dentro del sector "cuentapropista"– con la
aviesa intención oficial de recoger circulantes y decomisar capitales a
favor del Estado.

Ahora bien, y sin ánimo de justificar en lo más mínimo la índole
represiva del sistema, objetivamente no estamos ante un real
"retroceso". Si nos atenemos a la letra legal, podría afirmarse que las
autoridades solo estarían haciendo cumplir lo que está legislado, aunque
los procedimientos para ello sean cuestionables. Desde un inicio quedó
establecido el límite de sillas que podía contener cada negocio, así
como el monto de los impuestos y la obligación de conservar los
comprobantes de compra de cada producto e insumo en las tiendas
minoristas estatales.

Injusto o no, los privados aceptaron las condiciones aunque no tuvieran
intenciones de cumplirlas. Siguieron el principio elemental de la
supervivencia en Cuba: fingir acatamiento de iure, y jugar al ratón y al
gato, de facto. "Agárrame si puedes", es la ley no escrita.

De momento, a ningún individuo o grupo del protoempresariado cubano,
menos aún a los más exitosos, se le ha ocurrido organizarse de manera
independiente y espontánea para discutir la obvia necesidad de eliminar
las trabas que frenan su desarrollo. Tampoco ha trascendido que alguno
de ellos haya cuestionado ante las autoridades la aprobación de una Ley
para la Inversión que privilegia al capital foráneo y estimula el
desarrollo de inversiones para empresarios extranjeros, excluyendo
explícitamente a los nacionales.

Pero, volviendo al tema central, es un secreto a voces que en la
práctica los restaurantes privados –y todos los pequeños negocios
particulares y estatales– en alguna medida transgreden las leyes. De lo
contrario ningún negocio podría prosperar en Cuba, habida cuenta la
enorme e injusta carga impositiva, del lastre que implica todo un
ejército de inspectores corruptos que extorsionan al sector de
emprendedores y a los que es preciso "comprar", de la escasez de
insumos, de productos y de equipamiento para mantener la calidad y los
servicios, de la inexistencia de un mercado mayorista, de los altos
aranceles de importación y de un extenso etcétera que virtualmente
obliga a estos emprendedores –como a la mayoría de los cubanos comunes–
a acudir a la ilegalidad para adquirir cuanto es necesario para
sobrevivir o mejorar.

Esto pone en posición de indefensión jurídica a los privados (en su
papel de transgresores), frente al colosal aparato legal y represivo del
Gobierno (en su guion de "justiciero").
Lo que realmente se pone en evidencia a la luz de los actuales
acontecimientos es, por una parte, la superior capacidad del sector
privado respecto del estatal para alcanzar y mantener estándares de
calidad en sus ofertas y servicios, así como un pago más ventajoso a sus
empleados; y por otra, la imperiosa necesidad de flexibilizar y liberar
la iniciativa y el capital privados nacionales, creando un marco
jurídico más realista. No se trata de utilizar las leyes para reprimir a
los cubanos, sino de transformar esas leyes y ponerlas al servicio de la
prosperidad de los nacionales.

Algo que, bien sabemos, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer,
puesto que más libertades ciudadanas implicarían de inmediato menos
poder para el Estado y, como corolario, eventualmente el fin del reinado
castrista.

En cuanto a los derechos humanos para los cubanos, bien gracias. El
castrismo no los tiene como una prioridad. Lamentablemente, los
emprendedores tampoco.

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