Cuba viola Convención contra la tortura
Marlene Azor Hernández
El 28 de octubre, Cuba aspira a reelegirse para el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Sin embargo, el gobierno cubano no ha ratificado los
Pactos de Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos que firmó en el 2008.
El gobierno cubano ha ratificado varias convenciones relativas a la
protección de los niños, contra la discriminación racial, en favor de
proteger a los discapacitados y sobre los derechos femeninos. También se
adhirió y ratificó el Convenio contra la tortura de Naciones Unidas
desde mayo de 1995.
El Comité de la ONU, encargado de verificar el cumplimiento de la
Convención contra la tortura y proponer las sugerencias para la
aplicación de los artículos de la Convención, resaltó una serie de
incumplimientos en junio del 2012. Aun hoy, los activistas de Derechos
Humanos en Cuba reportan las mismas arbitrariedades señaladas en este
informe.
No existen garantías procesales para los ciudadanos cubanos al no
respetarse el habeas corpus: el necesario examen médico, el aviso a los
familiares, y el acompañamiento de un abogado defensor desde el inicio
del arresto. Tampoco se le dice al detenido sus derechos, las causas de
su arresto, y no se le presenta inmediatamente ante un juez. Por otra
parte, el detenido no cuenta con un mecanismo eficaz para impugnar la
legalidad de su detención.
El informe constata el hacinamiento en las cárceles, malnutrición, falta
de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada a las que estaría
expuesta la población reclusa. Se denuncia también limitaciones
injustificadas a las visitas de familiares, traslados a centros
penitenciarios alejados del entorno familiar y social del detenido,
internamiento en celdas de aislamiento en condiciones degradantes y
abusos físicos y verbales a los reclusos.
Los arrestos arbitrarios, secuestros exprés de artistas, activistas de
Derechos Humanos, periodistas independientes, y opositores han aumentado
desde 2012. Hace cuatro años los arrestos arbitrarios fueron de 6,602;
en el 2016 hasta septiembre, 8,805 arrestos en iguales condiciones de
vulnerabilidad e indefensión jurídica y penal.
No incluye el informe los allanamientos ilegales y violentos contra
asociaciones de juristas y periodistas independientes, y activistas
políticos. No existe orden legal para allanar las viviendas, se roba por
las autoridades los instrumentos de trabajo, expedientes de clientes y
bienes personales, sin posibilidad legal de recuperar esos "robos",
llevados a cabo por la policía y los órganos de la seguridad del Estado.
Los casos recientes son el Centro Cubalex, el Centro Jurídico de Pinar
del Río y la incautación en el aeropuerto de sus bienes al activista
opositor Carlos Amel de la UNPACU, razón por la cual Amel inició una
huelga de hambre de varias semanas.
El gobierno cubano, en síntesis, no ha cambiado su legislación penal
para incluir el delito de tortura en su código, no ha transformado las
condiciones de arresto, ni en las condiciones en las cárceles. ¿Tiene
derecho el gobierno cubano a reelegirse en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU?
* Académica de la UAM, autora del libro Discursos de la resistencia.
marleneazor@hotmail.com
Source: Cuba viola Convención contra la tortura :: Marlene Azor
Hernández :: La Razón :: 26 de octubre de 2016 -
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=325884
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