Cuba - el gobierno contra los emigrados

Cuba: el gobierno contra los emigrados
Sobre el serio problema de la relación discriminatoria, predatoria y
antinacional del Estado cubano frente a sus emigrados
Haroldo Dilla Alfonso, Santiago de Chile | 11/07/2016 8:32 am

Tengo ante mí, dos noticias.
Una es la situación de los cubanos en Ecuador. Los vivos, durmiendo en
una plaza a la intemperie. Los muertos, congelados en una morgue sin
poder regresar con sus familiares para recibir sepultura en la tierra en
que nacieron. Todos, víctimas de esa actitud irresponsable y criminal
del Gobierno cubano frente a sus ciudadanos emigrados, considerados
subproductos despreciables de la sociedad insular. Y hacia los cuales no
cabe consideración alguna.
La otra es la imagen del coronel Idael Fumero, un alto oficial del
Ministerio del Interiar (MININT), quien ha declarado ante una comisión
de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) —nada menos que de
defensa nacional— que se están produciendo inversiones subrepticias de
cubanos emigrados en los magros espacios de actividad privada en la
Isla, lo que califica como "lavado de activos". Fue muy claro y lo cito:
"Entre las principales ilegalidades a las que el país hace frente
persiste el interés de emigrados y extranjeros de introducir fondos
ilícitos para invertir en el sector no estatal y en bienes, lo que se
conoce como lavado de activos".
Una y otra noticia apuntan al serio problema de la relación
discriminatoria, predatoria y —¿por qué no?— antinacional del Estado
cubano frente a sus emigrados. Y en el caso del coronel, otra manera de
satanizar la relación de ambas comunidades, la insular con la emigrada.
No dudo que existan casos de lavado de activos en las transferencias
monetarias de algunos cubanos emigrados a la Isla. Pero tampoco creo que
exista una particular sensibilidad gubernamental cubana —o del oficial
de marras— por el complicado tema de los lavados de activos. De ser así,
ya existiría una investigación y una información clara sobre las
revelaciones de los papeles de Mossack Fonseca, sobre decenas de
compañías cubanas o fuertemente relacionadas con Cuba, y donde aparecen
allegados del propio Clan Castro. Siquiera existiría una autocrítica
sobre la manera como el Gobierno cubano albergó al estafador
internacional Robert Vesco.
Pero aún si esos casos se comprobaran o esa sensibilidad se justificara,
resulta criminal relacionar este asunto de esta manera con las
microinversiones indirectas de los cubanos emigrados en la Isla.
Para nadie es un secreto que, si es posible hablar de una comunidad
cubana dinámica, hay que buscarla, en primer plano, en la emigración. No
lo es que esa comunidad —algo así como un 15 % de los cubanos vivos—
sostiene con su trabajo a buena parte del consumo de algo así como la
mitad de los insulares. Como tampoco es desconocido que Miami es un
mercado que igual aporta trabajos temporales, leche en polvo, medicinas,
piezas de autos, uniformes escolares y cuanto escasea en la Isla, que es
decir, casi todo.
Es absolutamente natural que esos cubanos busquen la manera de invertir
en Cuba a la pequeña escala que sus bolsillos permiten. Y si no lo
pueden hacer limpiamente, entre otros motivos porque el Gobierno cubano
no lo permite, lo hagan usando intermediarios confiables. Lo que, de
paso, les quita de arriba la tremenda carga de la remesa mensual.
Si Cuba fuera un país normal, el Gobierno estaría facilitando todo. Pues
ello genera empleos, dinamiza el sector servicios y ayuda a crear una
base logística más apropiada para el turismo. Es decir, la gente puede
vivir y comer de su trabajo, dignamente, y no de la asistencia externa.
Y si fuera normal, usaría al máximo los recursos de esa emigración
particularmente exitosa —económica, política, cultural y
profesionalmente— a cambio de una política de apertura acorde con la
condición transnacional de la sociedad cubana. Una política que tiene
que conducir a la restitución de todos los derechos ciudadanos que han
sido expropiados a lo largo de décadas.
Pero Cuba no es un país normal, porque su gobierno opta por una relación
hostil con su emigración —a contrapelo de lo que pasa en todo el mundo,
incluyendo a República Dominicana— y prefiere seguir esquilmando a los
emigrados con precios exorbitantes de sus ineficientes servicios
consulares, o comprando en las tiendas medio vacías más caras del mundo.
Es decir, seguir ordeñándolos, para sacarles, uno a uno, los 3 mil
millones de dólares anuales que ayudan a sostener la decrépita economía
nacional. Y por esa vía garantizar el enriquecimiento de una élite en
metamorfosis burguesa, la verdadera razón de esa "continuidad
socialista" que proclama la clase política y repiten sus alabarderos.
La normalización de las relaciones entre las comunidades insular y
emigrada, el cese de la hostilidad gubernamental y la restitución plena
de los derechos ciudadanos a los emigrados constituye hoy un ingrediente
imprescindible de la sociedad mejor a la que tenemos derecho.

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