El 'Yo acuso' de un alto cargo

El 'Yo acuso' de un alto cargo
Un funcionario del Instituto de la Vivienda denuncia la corrupción y los
privilegios, además de las represalias contra su familia
Septiembre 24, 2014

Antes de salir del país, en octubre de 2013, el autor de esta
denuncia ocupó un cargo importante en el Instituto de la Vivienda y,
como jurista, vio de cerca los tejemanejes de varios altos funcionarios
para otorgar ilegalmente propiedades a dirigentes y amigos. Como lo
prueban las fotos que acompañan esta nota, Juan Carlos Gálvez Migueles
participó activamente en la vida política de la Isla. El 14 de diciembre
de 2008, fue elegido al secretariado nacional de los Comités de Defensa
de la Revolución y ratificado como miembro de la dirección nacional de
esa organización.

Los problemas de este licenciado en Derecho, que fue oficial de la
contrainteligencia después de estudiar en el Instituto Superior del
MININT Eliseo Reyes Rodríguez "Capitán San Luis", en La Habana,
empezaron cuando no quiso colaborar en la legalización de las mansiones
de los hijos del expresidente Fidel Castro.

"Me decepcioné de muchas cosas del sistema que me inculcaron y me
enseñaron a defender. Se me cayó la venda de los ojos al ver los
problemas de la cotidianidad y de la vida real del cubano de a pie",
cuenta a 14ymedio en un intercambio de correos electrónicos. "Para
personas honestas, sinceras y trabajadoras como yo, no esta echo ese
sistema donde cuanto más corrupto mejor eres."


'Mi deber es denunciar, no le temo a nada'
Por Juan Carlos Gálvez Migueles

Por medio de la presente quiero formular denuncia pública sobre la
violación que están cometiendo funcionarios del Estado cubano que
representan a la Dirección Provincial de la Vivienda de La Habana contra
3 mujeres y una niña de solo un año de edad, queriendo extraerlas del
inmueble sito en Calle 3ra Edificio 15022 Apto.10 entre 7 y N, reparto
Altahabana, municipio Boyeros. Estas mujeres son: Sara Elvira Migueles
Velo de 47 años, Rosaima Rodríguez Migueles de 17 años, Marinelvis
Martínez Migueles de 24 años, esta última madre de una niña de 1 año
nombrada Aynoa, las mismas respectivamente son mi madre, hermanas y sobrina.

El inmueble del cual quieren despojarlas, fue adquirido por quien les
habla en mayo del 2012, cuando fui aprobado como Especialista Principal
de la Subdirección Jurídica de la Vivienda Provincial de La Habana,
debido a que estaba en proceso para ser aprobado como Subdirector
Jurídico de esa institución.

En agosto del año 2013 fui aprobado para participar en un Curso de Alta
Dirección en Administración Pública de la Universidad de Extremadura, en
España, pero la embajada española no me dio la visa porque no entregué a
tiempo los documentos originales que me pidió, Entonces decido salir
definitivamente de Cuba, debido a disímiles razones que en estos
momentos no considero oportuno expresar.

Para poder concretar mi salida aprovecho la oportunidad que me brindaba
el curso y pido autorización a la Directora Provincial de la Vivienda,
Liudmila Mejias Ocaña, para supuestamente ir a este curso. En realidad,
estaba yéndome a otro país pero no podía decir para dónde iba, pues
enseguida irían a quitarle la vivienda a mi familia como lo están
haciendo en estos momentos. Además, tampoco podía decirlo por haber sido
yo miembro de Ministerio del Interior y haber tenido vínculos con los
altos dirigentes del país por responsabilidades que desempeñé.

En octubre de 2013 abandono Cuba, manteniendo en secreto mi nuevo lugar
de residencia, hasta enero del 2014, que se hace conocido. Es cuando, en
un gesto de ensañamiento y de mala fe, la Directora Provincial de la
Vivienda y la Subdirectora Jurídica, Marbelis Velazquez Reyes, decide
aplicarme una medida disciplinaria de separación definitiva de la
institución por ausencias injustificadas, medida que es violatoria del
Decreto-Ley 302 del 11 de octubre del 2012, modificativo de la Ley No.
1312 "Ley de Migración", del 20 de septiembre de 1976, pues lo que se
debió aplicarme fue la baja natural del puesto de trabajo.

Pero el objetivo era vengarse porque ya me habían aprobado como
Subdirector Jurídico Provincial. Por tanto, tenía que arremeter contra
mi familia declarándola ilegal y sin derecho a reubicación sabiendo que
ya mi familia no tenían lugar de origen. Entonces, ¿dónde las llevaran a
vivir?, a la calle, a una comunidad de transito de albergados. No creo
que sea justo, ni digno.

Por tanto, yo tengo el deber de denunciar:

Se me pidió trabajar en la legalización de las casas de los hijos del
expresidente Fidel Castro Ruz, viviendas que todas superaban los 500
metros cuadrados de superficie ocupada, y más de 1000 metros cuadrados
de terreno total, con cientos de metros de terreno adicional. Me negué a
hacerlo, por ser una violación de la actual Ley 65 Ley General de la
Vivienda, pues la misma solo permite reconocer hasta 800 metros.

Estas personas por ser hijas de un dirigente tienen más derecho que mi
familia a tener un buen hogar. Yo pregunto: ¿Que aportaron ellos que no
haya aportado yo a la sociedad? ¿ En qué guerra estuvieron? ¿Qué de
especial hicieron? ¿Por qué tiene un funcionario del ministerio del
Interior que representar a estos ciudadanos en sus trámites de
legalización? ¿Es que ellos son diferentes a los otros cubanos? ¿Ellos
no pueden acudir a las Direcciones Municipales de la Vivienda como un
ciudadano común? ¿ Acaso no pueden hacer colas? ¿Por qué no pueden
esperar el término establecido por ley? ¿Existe para ellos otra ley que
no me enseñaron en el Instituto Superior del Ministerio del Interior ,
cuando yo estudiaba Licenciatura en Derecho e Investigación Operativa de
la Contrainteligencia? ¿Donde esta la igualdad que tanto pregonamos al
mundo?

Otro caso es el de Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de
Ministros, al cual se le entregó una gran vivienda , mejor dicho , una
mansión en Playa, a cambio de un apartamento que poseía en el municipio
Cerro, pero lo que resulta irónico es que el inmueble que le entregaron
era medio básico del Ministerio de Educación y que, con solo
supuestamente la autorización de Raúl Castro Ruz, pasó a ser propiedad
de este ciudadano, sin trámite de desvinculación alguno y, por ende, sin
discusión de nadie. ¿Acaso este ciudadano por tener un alto puesto en el
Gobierno cubano tiene más derecho que mi familia a tener un digno hogar?
¿Qué méritos tiene que no tengan ciento de miles de cubanos, tan
preparados o más que él­?

Puedo referirme también a las atenciones a funcionarios del Instituto
Nacional de la Vivienda como la casa que se le permutara a la Presidenta
del Instituto Nacional de la Vivienda, Oris Silvia Fernández Hernández,
un gran inmueble, y que tenía su origen en una confiscación. ¿Es que
ella tiene más derecho que mi familia? ¿También tiene más derecho que mi
familia el Director Jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda, un
corrupto que ha sido sancionado y aún sigue en el mismo puesto? Podría
seguir enumerando cualquier cantidad de altos funcionarios del Estado.

Denuncio cómo miles de familias viven en condiciones insalubres en las
Comunidades de Transito para Albergados. No se les entrega las casas que
quedan a disposición del fondo estatal, siendo esto una responsabilidad
de la Directora Provincial de la Vivienda, Liudmila Mejías Ocaña, que no
controla el funcionamiento de la Comisión Provincial de Viviendas. El
otorgamiento se decide en la oficina de la Directora Provincial a
personas que pagan hasta 5000 CUC, amigos que hacen regalos, así como a
dirigentes, familiares y amantes de dirigentes. Todo esto es conocido y
se ha denunciado en varias ocasiones pero, como hay tanto
comprometimiento que involucra a altos funcionarios, nunca ha sucedido nada.

Denuncio cómo se trabaja expedientes jurídicos en la Dirección
Provincial de la Vivienda para favorecer a los mismos, todo bajo la
Disposición Especial Decimotercera de la Ley 65 (Ley General de la
Vivienda), resolviéndose en tiempo récord, cuando los expedientes de
otros casos duermen el sueño eterno. Las responsables son la Directora
Provincial y la Subdirectora Jurídica, Marbelis Velazquez Reyes. Esta
última posee una buena casa que se le desvinculó a los 7 años, muy bien
amueblada y equipada con solo un salario de 500 pesos cubanos mensuales

Denuncio cómo mi familia, en fecha 17 de septiembre, pidió ser atendida
en el Consejo de Estado de la República de Cuba para plantear su
situación, siéndole denegada la atención, alegando los funcionarios que
allí solo se reciben cartas, no se atiende personas, cosa inaudita y mal
intencionada. Esa no es la democracia que dicen nuestra normas
jurídicas. De igual forma, acudieron al Comité Provincial del Partido de
La Habana y los funcionarios que las atendieron en Atención a la
Población le pidieron dirigirse al Consejo de la Administración
Municipal de Boyeros y, si no les resolvían el problema, debían ir al
Consejo de la Administración Provincial de La Habana. En buen cubano,
"un peloteo" de lo grande y lindo.

Debo preguntar ¿Por qué no dejarle el inmueble en arrendamiento a mi
familia?¿Para quién es el inmueble? Puede ser que este apartamento ya
esté vendido o sea para algún amigo.

Seguramente cuando salga a la luz esta denuncia empezarán a cuestionarme
de donde saqué dinero para irme de Cuba. Pues de la venta de la
deplorable casa que tenía mi madre en propiedad y de un teléfono fijo
que tenía a mi nombre, dinero que uní al de un amigo que era novio de mi
hermana mayor.

Pido que se respete el derecho de mi familia de vivir en un hogar digno,
que no vuelva a pasar lo que pasamos cuando durante más de 10 años
vivimos en un inmueble de madera en malas condiciones, donde nos
bañábamos en la cocina y defecábamos en jabitas de nylon, pues no
teníamos servicio sanitario. En aquellos momentos yo era delegado a la
Asamblea Municipal del Poder Popular de San Nicolás de Bari, hoy
provincia Mayabeque. Mis vecinos y electores lo pueden atestiguar.
También en ese momento ocupaba responsabilidades de Director Municipal
de la Vivienda y nunca tomé ni un bloque para mi casa, hecho que pueden
corroborar mis trabajadores. De qué me sirvió ser tan humilde, tan
honesto, para que ahora se actúe así contra mi familia. Por todo esto
decidí salir de mi tierra.

Declaro que hoy temo por la vida de mi familia en Cuba, por las posibles
represalias contra ella, generada por esta denuncia y otras que me vea
obligado a hacer para defender los derechos que tenemos. De igual forma
temo por mi vida en este país donde resido, por tener yo información
sobre funcionarios, por haber sido yo oficial de la contrainteligencia
cubana y conocer los métodos que se utilizan.

Source: El 'Yo acuso' de un alto cargo -
http://www.14ymedio.com/reportajes/acuso_0_1639636025.html