Revelaciones de Carromero repercuten en Congreso español

Revelaciones de Carromero repercuten en Congreso español

UPyD pregunta al gobierno de Mariano Rajoy si piensa impulsar una
investigación internacional que aclare las circunstancias en que se
produjo el accidente de tránsito en el que murieron los disidentes
cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, el pasado 22 de julio en Bayamo.
Pablo Alfonso/ martinoticias.com
marzo 08, 2013

El partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) que dirige Rosa Diez, ha
registrado el jueves varias preguntas en el Congreso español de las que
dificilmente podrá desentenderse el gobierno del Partido Popular (PP) y
en particular su canciller José Manuel García-Margallo.

UPyD pregunta al gobierno de Mariano Rajoy si piensa impulsar una
investigación internacional que aclare las circunstancias en que se
produjo el accidente de tránsito en el que murieron los disidentes
cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, el pasado 22 de julio en Bayamo.

El dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Angel Carromero, quien
conducía el auto siniestrado, fue condenado en Cuba a cuatro años de
prisión por el "homicidio imprudente" de los opositores y en diciembre
fue trasladado a España, donde obtuvo el tercer grado.

El asunto parecía concluido, pero esta semana Carromero destapó la caja
de Pandora cuando en una entrevista exclusiva le contó al Washington
Post que, contrario a lo que declaró en Cuba, un segundo vehículo los
golpeó por detrás, y los sacó de la carretera.

Dicho de otro modo, no fue un homicidio imprudente causado por un
accidente de tránsito, fue un asesinato provocado por el acoso policial.

García-Margallo, ha reaccionado con enfado a las preguntas de la prensa
y asegura que el Gobierno "no tiene ninguna evidencia" de que los hechos
transcurrieran de modo distinto a como Carromero declaró en el juicio y
se constató en el memorándum de entendimiento firmado con las
autoridades del país para permitir su traslado a España.

El Ejecutivo, dijo García-Margallo, trabaja conforme a la información
que en su día recibió de la embajada y el contenido del memorándum
aceptado por Carromero y por tanto, si él tiene otras "evidencias, hará
bien en ir a un tribunal".

UPyD, quiere saber "qué veracidad" otorga el Ejecutivo español a la
versión dada por Carromero al rotativo estadounidense y "qué medidas
piensa tomar para aclarar los extremos que estas nuevas informaciones
ponen en duda".

UPyD pregunta al Ejecutivo "por qué no promueve una investigación
internacional que esclarezca los hechos para despejar las dudas
existentes y honrar así la memoria de los dos disidentes fallecidos".

El grupo de preguntas concluye con una muy concreta: Interpela al
Gobierno sobre si ha contactado o piensa hacerlo tanto con la hija de
Oswaldo Payá, Rosa María, como con el propio Carromero para conocer más
detalles sobre su versión de los hechos.

No es la primera vez que UPyD coloca al Ejecutivo español en una
situación incómoda. El pasado 28 de febrero García Margallo tuvo que
reconocer que La Habana quiso utilizar a Carromero como pieza cambio,
para que España apoyara la modificación de la Posición Común de la Unión
Europea sobre Cuba.

El canciller, que comparecía ante la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados, dijo que el gobierno se negó y que no ha
habido ningún tipo de «contraprestación» al régimen castrista para
conseguir el traslado de Carromero a España.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores guardó silencio cuando la
diputada de UPyD Irene Lozano, lo mismo que el portavoz de CiU Jordi
Xuclá, le preguntaron si el Gobierno da por buena la versión oficial de
las autoridades cubanas o apoyará una investigación internacional
independiente sobre los sucedido, como reclama la familia Payá.

Durante esa sesión Lozano acusó al Ejecutivo de «dar cobertura
internacional a la versión oficial cubana».

El juicio celebrado a Carromero el 5 de octubre de 2012 fue avalado por
el ejecutivo español a pesar de que el abogado de la familia de
Carromero , José María Viñals Camallonga, cuestionó el procedimiento
legal en el marco de las normas jurídicas españolas y de la Unión
Europea.internacionales.

"Si analizamos el proceso desde un prisma jurídico español o de una
jurisdicción de la Unión Europea, podemos decir que no se habría
cumplido con el principio de contradicción", dijo Viñals, director de
Operaciones Internacionales de la firma Lupicina Abogados, quien
coordinó la defensa de Carromero, realizada por los letrados cubanos
Dorisbel Rojas y su asistente Alejandro Millares.

"La defensa, tal y como prevé la normativa cubana, no pudo acceder a las
pruebas (coche accidentado, huellas del derrape, señales de tráfico y
otras pruebas relevantes) ni presentar informes periciales propios.
Estuvimos a lo dicho por las autoridades policiales y forenses locales
que, a su vez, fueron coordinadas por la fiscalía", declaró Viñals en
una entrevista concedida al diario español ABC el pasado 29 de diciembre.

http://www.martinoticias.com/content/article/20254.html