viernes, 19 de octubre de 2012

Marcas y patentes para hacer callar

Marcas y patentes para hacer callar
Viernes, Octubre 19, 2012 | Por Alberto Méndez Castelló

PUERTO PADRE, Cuba, octubre, www.cubanet.org -Arrestos arbitrarios se
producen cada día en ciudades y pueblos de Cuba. Incluso, hasta en las
más apartadas regiones del campo. Los motivos: el disentimiento, la
oposición política, y aun el más mínimo ejercicio cívico que contravenga
lo que el régimen denomina la "legalidad socialista".

Paradójicamente, este régimen viola sus propias leyes, luego de
vanagloriarse descaradamente al hablar del respeto por los derechos
humanos y la pulcritud de sus jueces, fiscales y policías, quienes se
supone que hagan cumplir un cuerpo legal legislado por representantes
del pueblo y para proteger derechos ciudadanos.

-¿Qué delito cometí?-, pregunté al joven instructor que me detuvo el 12
de septiembre.

El instructor se retrepó en su silla de interrogador y, sonriendo, dijo,
con un cinismo capaz de causar espasmo a un domador de leones: "Usted,
ninguno".

Cierto: no había cometido ningún delito. O sí, según el régimen, estoy
cometiendo un delito gravísimo: hacer público con mis escritos lo que
ellos pretenden mantener oculto.

Pero no estaba yo en aquel calabozo por quebrantar la Ley Mordaza. Según
el instructor, y así lo hizo constar en el acta de detención, mi arresto
se debía a un delito de alteración del orden público.

Mueve a risa, pero es bien serio. Esa es la marca registrada por la
policía nacional, y la usan para meter en un calabozo a cualquier
ciudadano, cuando así se lo ordenan unos tipos vestidos de civil, que
generalmente van en motocicletas y que, a su vez, reciben órdenes
superiores mediante la telefonía celular.

Aunque la policía nacional es la que hace uso de la marca registrada, no
es ella, ni siquiera la todopoderosa policía política, sino personajes
aún más encumbrados, los dueños de la patente. Y la utilizan para
encerrar a quienes les venga en gana, siempre y cuando hayan levantado
la voz contra sus intereses.

Encerrar a alguien bajo cargos de alteración del orden público, mediante
acusaciones falsas, entraña conexión de delitos, según el código penal
cubano. La continuidad delictiva se produce cuando, para privar de
libertad a alguien, fuera de los casos y de las condiciones previstas en
la ley, se simula la existencia de pruebas con el ánimo de inculparlo.

Si, desde el fiscal del pueblo más apartado de Cuba hasta el presidente
del Tribunal Supremo, conocen de la comisión de delitos de privación de
libertad, por parte de la policía, ¿por qué lo permiten?

Solo existe una respuesta ajustada a la lógica: el encarcelamiento de 75
personas, en marzo de 2003, lejos de provocar temor, contribuyó a
despertar el valor cívico de los cubanos.

Esa energía tomó vigor cuando los encarcelados por el ejercicio de
derechos universalmente aceptados, debieron ser puestos en libertad ante
los reclamos del mundo civilizado, y de un puñado de mujeres y hombres
dignos, dentro de Cuba.

Hoy, al régimen solo le queda un recurso para hacer callar a los
insumisos: Interceptarlos cuando se proponen ejercitar sus derechos. Por
eso nos privan de libertad a cada paso, mediante acusaciones falsas.

Pueden desatar otra Primavera Negra, y encarcelar, no a 75, sino a 150 o
a 300. Pueden, pero, incluso, solo encarcelando a 2 o 3, saben que
provocarían la repulsa nacional e internacional ante el anacronismo de
un sistema incapaz de aceptar críticas. Eso haría crecer la credibilidad
de los encarcelados con el valor del martirio. Tales razones, más que
cualquier otra, los hace emplear cada día sus marcas y patentes para
hacer callar, privando a los cubanos de libertad, mediante falsas
acusaciones de alteración del orden público.

A ese punto han llegado en su deriva represora: a desdecirse, violando
hasta sus propias leyes.

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