La política contra la ley

La política contra la ley
Miércoles, Octubre 10, 2012 | Por Roberto Jesús Quiñones Haces

GUANTÁNAMO, Cuba, octubre, www.cubanet.org -Me gradué como Licenciado en
Derecho en la Universidad de La Habana en el año 1981. Una estancia de
cuatro años por una unidad presupuestada inversionista y por dos
empresas, sobraron para hacerme comprender cuál era la situación del
asesor jurídico en Cuba.

Catorce años de ejercicio de la abogacía fueron más que suficientes para
descubrir los entretelones de la administración de justicia, y cómo se
quebranta la Ley cuando lo que interesa es cumplir una orientación
política. Aunque ello implique la comisión de no pocas injusticias, con
todo el dolor, desarraigo y consecuencias económicas y sociales que
provocan en los sancionados y sus familias.

Conozco abogados de probada capacidad que están hartos de bregar ante
tanta prepotencia y maldad, porque no todos tienen el temple suficiente
para enfrentar las consecuencias que una actitud contestataria les
acarrearía, mucho más sabiendo que los burócratas de la Junta Directiva
de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos jamás los apoyarán,
aunque su actuación haya estado dirigida a la defensa de la legalidad.

Parece imposible que las miles de cartas que cada año envían los
ciudadanos al Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la República,
al Tribunal Supremo Popular, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y
a otras instancias de la administración central del Estado, no hayan
indicado a nuestros gobernantes que algo incorrecto está ocurriendo en
nuestro sistema de administración de justicia.

Por lo pronto, tal vez estas situaciones referentes al trabajo de los
tribunales no tengan solución, pero algunas noticias recientes indican
que al menos sí se está tomando conciencia del papel que deben
desempeñar los asesores jurídicos y, sobre todo, el cumplimiento del
contrato en la economía cubana actual.

El viernes catorce de septiembre, el periódico Granma publicó dos
noticias relacionadas con el papel de las normas jurídicas en la
economía y el necesario cumplimiento del contrato económico.

Una de ellas informaba de una reunión de directivos de los ministerios
de la Agricultura, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, la cual
fue realizada con el objetivo de dar cumplimiento a la política acordada
en el sexto congreso del PCC, que tuvo como único proyecto la
actualización del modelo económico cubano.

La reunión fue convocada para dar a conocer las medidas que se aplicarán
para perfeccionar las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC),
estructuras que jamás han ofrecido resultados halagüeños, debido al
cúmulo de obstáculos que se les impuso desde su misma creación.

Según el periódico Granma, ¨el programa en marcha busca, precisamente,
enmendar los errores que lastraban el desempeño de esas unidades desde
su creación, sobre todo en materia de organización de sus estructuras, y
al propio tiempo dotarlas de una mayor autonomía en su gestión¨.

En esa misma edición del Granma se publicó una entrevista con el
Presidente de la Sala de lo Económico, del Tribunal Supremo Popular,
Narciso Cobo Roura, quien expuso que se encuentra en proceso de
aprobación un nuevo Decreto Ley -¡otro más!-que regirá el universo de
las relaciones contractuales económicas y comerciales, eliminando la
dispersión legislativa que existe en este campo.

Según expresiones de este jurista, existen varias dificultades, entre
ellas, el poco valor que todavía algunos directivos le otorgan al
contrato, la visión formal que se ha tenido de este instrumento
jurídico, y hasta la carencia del documento vinculante entre entidades
que mantienen relaciones económicas.

Sin embargo, en la entrevista no se aclara qué piensan hacer cuando
alguna empresa ineficiente resulte demandada y tenga que indemnizar en
grandes sumas a otras. Mucho menos se dice cómo repercutirá eso en la
labor de los directivos que resulten responsables de tales
incumplimientos y, sobre todo, cómo se solucionaría una situación de
insolvencia reiterada.

Por otra parte, también resulta de interés que se redefina el papel que
debe tener un asesor jurídico en una entidad, pues hasta ahora todas las
legislaciones dictadas al efecto han terminado siendo letra muerta, y la
responsabilidad de los directivos y hasta del propio letrado por causa
de incumplimientos de orientaciones o de claridad y especificaciones en
el texto del contrato, han quedado en un limbo jurídico.

El tema del trabajo por cuenta propia constituyó uno de los aspectos
tratados en el Primer Congreso Internacional de Abogacía, celebrado
en La Habana, y la prensa ha estado insistiendo en la necesidad de que
las personas que laboran en esta nueva vertiente estén bien asesoradas,
precisamente por el valor que ha de tomar el contrato jurídico cuando se
fortalezcan las relaciones económicas entre los particulares y las
empresas estatales.

Ojalá que esta vez las aguas vayan por buenos cauces, para bien de la
salud del derecho cubano-tan deteriorado por la actuación de los
políticos-, y, sobre todo, para bien de una economía que desde hace años
se encuentra parapléjica y sin esperanzas cercanas y ciertas de
recuperación.

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