El canciller Bruno y las fuentes de los derechos ciudadanos

Bruno Rodríguez, Migración, Exilio

El canciller Bruno y las fuentes de los derechos ciudadanos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba considera toda una
revolución migratoria colocar un sello en el pasaporte, que permita
regresar de vez en cuando a los cubanos "patriotas y respetuosos"

Haroldo Dilla Alfonso, Santo Domingo | 08/10/2012 10:00 am

Aunque en general los oficios políticos se han degradado a nivel
planetario, uno siempre espera de un canciller algo mejor. Digamos que
algo de clase y de escuela, pues el canciller es siempre la cara externa
de un Estado, la vitrina, o si se quiere el florero en la ventana. Y por
eso, cuando leí la crónica aquiescente publicada sobre una reunión del
Canciller Bruno Rodriguez (BR) con un grupo de emigrados elegidos en la
sede de la oficina cubana en Naciones Unidas —de los "patriotas y
respetuosos"—, sentí de alguna manera lo que se podría llamar vergüenza
nacional.

Y es que BR no es solamente el canciller del que esperamos
refinamientos, sino también un político joven en el que uno quisiera
encontrar algún signo innovador, siquiera un destello que indique que
hay luces al fondo del túnel. Pero nada de esto sucedió en la reunión de
NY en la que el Canciller Bruno machacó con insistencia los mismos
argumentos de siempre, perdiendo no solo la oportunidad de convencer,
sino incluso de adoptar una buena pose manoseando las propuestas que le
hicieron, según la crónica publicada, los emigrados "patriotas y
respetuosos".

Fue un monólogo de imprecisiones, falsedades y fuegos artificiales con
los que el atribulado canciller intentó ocultar los tremendos problemas
que está teniendo la élite política cubana para ponerse de acuerdo
respecto a la propuesta —y siempre pospuesta— reforma migratoria.

Y que en lo esencial encierra las desavenencias, digamos que tácticas,
acerca de cómo aprovechar económicamente a la migración, sea de una
manera rentista como ocurre ahora, o de formas más intensivas, como son
las inversiones. Pero también el acuerdo, diría que estratégico, acerca
de concebir el tema migratorio como un asunto utilitario, no de
derechos. Y aunque es presumible que habrá que mover estos últimos —si
de alguna modernización quiere hablarse— solo hacerlo como concesiones
administrativas puntuales, no como reconocimientos de jure.

Por ejemplo, lo que dice el canciller acerca de las cantidades de
capitales que el país requiere y que los emigrados no tienen, es un
soliloquio sin sentido al cual no creo que nadie más hizo caso excepto
la cronista. Cualquier tecnócrata municipal sabe que Cuba requiere cien
millones de dólares, cien mil y cien. En su espectacular hambre
financiera, lo requiere todo, sea para invertir en lo grande, en lo
pequeño o para sobrevivir. Y al menos que el canciller sea autista, debe
conocer que esas inversiones de los cien mil están siendo el "dinero
semilla" de muchos pequeños y medianos negocios en la Isla que son hoy
la única fuente creciente de empleos.

Pero más allá de todo esto, el problema clave es que el derecho de un
cubano a invertir dinero en su país no puede depender de la cantidad de
dinero de que disponga. La cantidad de dinero le da la posibilidad real
de invertirlo a mayor escala, comprar un yate o viajar en primera, pero
no puede darle ventajas legales sobre quienes tienen menos dinero. Eso
sería retroceder a los principios del siglo XIX con sus sistemas
censatarios. La opulencia económica no puede ser fuente de derecho. Algo
que parece que BR no sabe y que los cubanos respetuosos y patriotas
pasaron por alto.

Lo mismo sucede con el consabido saco de cubanos buenos y otro de
cubanos malos. En el primero, los cubanos respetuosos y nacionalistas a
quienes se les permite regresar de vez en cuando con un sello definitivo
en el pasaporte que el canciller Bruno considera toda una revolución
migratoria. En el segundo saco, los batistianos torturadores (¿quedan
algunos vivos?), los terroristas y los partidarios del bloqueo/embargo.
Y justamente para prevenir a los segundos (a los que la cronista con
pleno apego al discurso del canciller llama "los recalcitrantes") es que
no se permite el libre acceso a ninguno.

Toda una inmensa falsedad. Ante todo debo decir que yo conozco decenas
de casos de cubanos que nunca han sido terroristas, ni batistianos, ni
torturadores, ni siquiera partidarios de la ley Helms Burton, a quienes
no se les permite visitar al país en que nacieron, sea porque no les
colocan el sellito de marras o porque los viran en el aeropuerto con
sello y todo. Pero aun cuando lo fuesen, y nuevamente vuelvo al asunto
de las fuentes de los derechos individuales, no es legítimo expropiar a
unas personas sus derechos inalienables para prevenir que otros los
usen. Si el Gobierno cubano considera que un nacional es culpable de
acto punible, debe proceder a su encausamiento si entra al país, no
impedir a dos millones que puedan visitar, o regresar y vivir en el país
en que nacieron.

Y cuando proceda, entonces tendremos que discutir si apoyar la Ley Helms
Burton es o no un delito, lo cual desde mi punto de vista es un error
político, pero no una transgresión legal. Y de paso, y aquí sigo la
lógica del canciller Bruno, ver el asunto de las equiparaciones, que
contemplen castigos —si de ello se quiere tratar— para los esbirros
represivos y abusadores que han pululado en el régimen político cubano.
Al final habría que reconocer que machacar discos de Juanes en la calle
Ocho es un juego de muchachos díscolos en comparación con el asedio a
las casas de los opositores, el uso de la violencia física y verbal
contra ellos y sus remisiones a las estaciones de policía por plazos
variables, todos ilegales.

En resumen, que el soliloquio del canciller debe obligarnos a pensar con
mayor seriedad y compromiso acerca de la llamada reforma migratoria. No
se trata de aplaudir con entusiasmo cada pequeña movida que el Gobierno
cubano haga en sus acostumbradas miserias políticas. El único camino que
puede conducir a una normalización de la relación entre el Gobierno y la
emigración es devolviendo los derechos expropiados que apunten a la
plena libertad de tránsito para los cubanos. Para entrar, para salir y
para moverse dentro del propio territorio nacional. Los cubanos, no
importa su ideología o preferencias políticas, tienen derecho a vivir en
el país en que nacieron, a opinar y a participar en actividades públicas
de acuerdo con las leyes vigentes. E incluso, para cambiarlas por las
vías democráticas. La adscripción partidaria no puede ser fuente de
derechos ciudadanos.

Creo francamente que limitar nuestras demandas a unos pocos puntos
superficiales donde derechos y permisos son equiparados y confundidos,
es una simplificación errónea de un asunto mucho más complejo.

Pues Cuba es ya una sociedad transnacional y como tal hay que
entenderla. No hay otra manera de lidiar con el complejo futuro de la
Isla y su desparrame diaspórico. Si el canciller Bruno y su corte de
patriotas respetuosos lo saben o no, no es realmente decisivo. Lo más
importante ahora es que lo entendamos nosotros y actuemos en consecuencia.

http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/el-canciller-bruno-y-las-fuentes-de-los-derechos-ciudadanos-280647