Cuánto tendrá que esperar la familia Payá para saber la verdad?

Ángel Carromero, Represión, Disidencia, Oswaldo Payá
¿Cuánto tendrá que esperar la familia Payá para saber la verdad?

El acusado por la fiscalía, que no por los familiares comprensivos con
la difícil situación del joven español, pasó de amigo solidario a autor
involuntario de una tragedia para la vida política de Cuba

Miriam Leiva, La Habana | 16/10/2012 10:50 am

El tribunal impuso a Ángel Carromero la sanción de cuatro años de
privación de libertad, informó el portal Cubadebate este 15 de octubre,
antes de que la noticia fuera difundida por los medios nacionales. Es
una muestra más de cómo las autoridades menosprecian y maltratan a los
cubanos, en su mayoría sin acceso a Internet. Era previsible el anuncio,
pues el juicio se realizó el 5 del presente mes y la Sala Primera de lo
Penal del Tribunal Provincial de Granma contaba con 5 días hábiles para
pronunciarse. Ahora podría esperarse la apelación, pero el joven español
podría ser extraditado a Madrid, según un convenio existente entre ambos
gobiernos desde hace años.

El guión cuidadosamente preparado para el juicio de Ángel Carromero
habría podido ser estropeado súbitamente por la presencia en el tribunal
de tres jóvenes buscadores de la verdad. Las familias de Oswaldo Payá
Sardiña y Harold Cepero no habían formulado acusación contra el acusado
por la fiscalía de homicidio involuntario, ni se esperaba su presencia.
El juicio se efectuaría en el Tribunal Provincial de Bayamo a 800
kilómetros de La Habana, donde el Gobierno preparó el escenario para
limitar el acceso y, sobre todo, expulsó o encarceló a los periodistas y
blogueros independientes para desviar la atención internacional con
respecto a los detalles del proceso y cualquier circunstancia imprevista
que se presentara. Los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba
presenciaron el juicio desde una habitación mediante una pantalla del
circuito cerrado de televisión, sin sus equipos de trabajo, más allá de
papel y un objeto para escribir a mano.

Sin embargo, la noticia más importante estaba fuera del Tribunal, y ha
pasado sin ocupar los espacios mediáticos que merece, para beneplácito
de los interesados en que fuera solapado por otros eventos como el
arbitrario y habitual apresamiento de los opositores pacíficos, las
ficticias elecciones nacionales, los cercanos comicios en Venezuela, el
debate de los candidatos en Estados Unidos, las batallas en Siria, la
crisis económica en Europa y otros relevantes hechos internacionales.

Rosa María Payá Acevedo y sus hermanos Oswaldo y Reinaldo se acercaron a
la puerta del Tribunal para ejercer su derecho de asistir al juicio,
donde se abordarían las circunstancias del accidente automovilístico
debido al cual fallecieron Oswaldo Payá Sardiña, su padre, y Harold
Cepero, el 22 de julio. El despliegue de la Seguridad del Estado y la
Policía Nacional Revolucionaria impidió su acceso. Una persona que adujo
ser un funcionario les comunicó que no podrían participar, pues no
habían avisado previamente de su intención de hacerlo. ¡Se había dicho
que el juicio era una vista pública! ¿Quién fue el público asistente?
¿Tenían mayor derecho que los familiares de los fallecidos?

Sencillamente su presencia podía desarticular la preparación psicológica
de Ángel Carromero, cuya declaración fue transmitida en la televisión
cubana con un video, donde evidenciaba mucho temor y rogaba que no se
politizara el proceso, a fin de poder salir del duro trance lo antes
posible. El acusado por la fiscalía, que no por los familiares
comprensivos con la difícil situación del joven español, pasó de amigo
solidario a autor involuntario de una tragedia para la vida política de
Cuba. Aun si los hechos hubieran ocurrido como él manifestó en esa
ocasión y como las autoridades cubanas informaron en su escueta nota, en
el curso de la presentación de pruebas y las respuestas del imputado
habrían surgido los detalles ocultados hasta ese momento. No obstante,
la negativa a ofrecer información a las familias y facilitar su
encuentro con Carromero acreditan las dudas sobre la veracidad de lo
expuesto públicamente.

El Gobierno de España también debe haber estado interesado en que el
juicio transcurriera como se había negociado, pues su objetivo era la
rápida realización sin complicaciones, a fin de lograr la extradición
según el convenio vigente. Seguramente habrá atendido el caso como
corresponde hacia todos sus ciudadanos, pero con el compromiso adicional
de que se trata de un dirigente de las Juventudes del Partido Popular
actualmente en el poder, el cual ha tenido tensas relaciones con las
autoridades cubanas en los años previos a su ascenso por las elecciones
de 2011. Desde el lamentable accidente, las autoridades españolas han
desplegado una fina política para poder resolver el inoportuno embrollo,
y evitar que no se convierta en un diferendo similar al existente entre
Cuba y Estados Unidos con la prisión de Alan Gross. También la situación
es complicada, ya que Payá había recibido la nacionalidad española hacía
tres años, a lo cual su familia no se había referido en público,
seguramente en gesto amable para facilitar la solución del gran problema
Carromero, pero que Carlos Payá, hermano de Oswaldo residente en España,
ha develado luego del juicio.

No la tiene nada fácil el gobierno de Mariano Rajoy. El Partido Popular,
con el gobierno de José María Aznar como primer ministro, impulsó la
Posición Común de la Unión Europea en 1996. Cuando la asonada represiva
contra 75 pacíficos opositores en marzo de 2003, contribuyó a que la
institución estableciera las medidas condenatorias, que incluyeron la
invitación a los disidentes y familiares de los 75 a las recepciones de
las embajadas acreditadas en La Habana. Continuó su solidaridad y desde
2004 criticó el acercamiento a ultranza del Partido Socialista Obrero
Español, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó el
cese de la participación en esas actividades por las fiestas nacionales.
Sin embargo, el PP llegó al poder en momentos en que España afronta una
crisis económica y social muy compleja, por lo que en su política
exterior refuerza la tradicional prioridad de defender los intereses de
sus ciudadanos e impulsar los negocios de sus empresas. Razones
suficientes para que el "asunto Carromero" sea exprimido por las astutas
y mal intencionadas autoridades cubanas. La muestra más evidente ha sido
la realización del foro empresarial en la capital cubana, asi como el
anuncio dos días antes de celebrarse el juicio de que no se invitaría a
disidentes a la recepción por la fiesta nacional.

Desde antes se hablaba en medios del PP que el joven estaría de vuelta
en noviembre, posiblemente pensando en una solución alrededor de la
realización de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz (los jefes de estado y
gobierno han comunicado su participación, falta la confirmación de Hugo
Chávez y Raúl Castro).

El gobierno cubano utiliza todos los resortes para hacer tragar hiel,
con el objetivo supremo de aprovecharse de las ventajas económicas que
pueda agarrar y procurar legitimarse en los escenarios internacionales.
Los pronunciamientos sobre la violación de los derechos humanos en Cuba
tienen que salir del éter y abordarse concretamente, lo cual omiten los
dignatarios de nuestra región. En todo caso, los cubanos tenemos que
alcanzar las soluciones a la inmensa crisis nacional con nuestros
propios esfuerzos, si bien el apoyo de la comunidad internacional es muy
importante.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/cuanto-tendra-que-esperar-la-familia-paya-para-saber-la-verdad-280853